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La plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley de Consultorios Psicológicos Comunitarios, que permitirá a la población de escasos recursos tener acceso a consultas psicológicas de manera gratuita.

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Su autora, la representante conservadora Juliana Aray, advirtió que 'la salud mental es una prioridad en nuestra agenda nacional. Queremos asegurar que muchos colombianos, independientemente de su situación económica, tengan acceso a servicios de salud mental de calidad”.

Citó la parlamentaria un estudio del Ministerio de Salud que revela que el 66,3% de los colombianos ha enfrentado problemas de salud mental en algún momento de sus vidas: 'Además, el 34,6% de aquellos que han utilizado servicios de salud mental los califican como deficientes. Estos datos subrayan la necesidad urgente de mejorar el acceso y la calidad de la atención en este ámbito'.

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La ley crea los Consultorios Psicológicos Comunitarios, adscritos a programas de Psicología acreditados por el Ministerio de Educación, que ofrecerán servicios gratuitos de orientación y apoyo psicológico a personas sin recursos económicos.

También habra prácticas educativas para los estudiantes de los dos últimos semestres de psicología, quienes podrán realizar prácticas supervisadas en estos consultorios, adquiriendo experiencia valiosa mientras contribuyen a la comunidad.

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Además los consultorios ofrecerán psicología clínica, evaluaciones de salud mental, tratamientos para disfunciones personales, y programas de intervención psicológica.

'El Ministerio de Salud establecerá un sistema de información para coordinar la oferta de servicios de los Consultorios Psicológicos Comunitarios y apoyar la formulación de políticas públicas efectivas', se lee en la norma.

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Aray concluyó que el proyecto 'contribuirá a la reducción de la brecha en la atención de salud mental en Colombia. Y los estudiantes de psicología se beneficiarán de una formación práctica, mejorando su preparación profesional y su capacidad para enfrentar retos en el campo de la salud mental'.

La iniciativa espera la conciliación para pasar a sanción presidencial.