En los anales de la Asamblea Constituyente de 1991 quedó explícitamente establecido que la planificación es, 'el origen y al mismo tiempo la base para la toma de decisiones. Es igualmente, la herramienta principal para el logro de los fines que se trazan en cualquier organización…'.
No obstante, y a pesar del reconocimiento que hoy se hace de la planificación como actividad material vital para la existencia y proyección del Estado, no siempre ha sido así.
El ministerio de la planificación (Departamento Nacional de Planeación) y el Consejo Nacional de Política Económica y Social-Conpes, por ejemplo, son organismos creados solo hasta la época del Frente Nacional y, los primeros planes con capacidad de incidir eficazmente en el desarrollo del Estado, en general, y en los territorios y municipios, en particular, no aparecieron sino hasta la década de los setenta del siglo pasado, con más incertidumbres que aciertos.
Aún hoy, a pesar de gozar de reconocimiento constitucional, la planificación sigue siendo una actividad imperfecta, de la cual se aprende (y se reaprende) año tras año.
Bajo ese entendido, el escenario abierto por la firma del acuerdo entre el gobierno y las Farc nos sitúa como país en un contexto en el que planificar adecuadamente el desarrollo, tomando en cuenta los errores y desaciertos, así como también los avances obtenidos, será clave para el postconflicto.
En ese sentido, hay, al menos, tres asuntos que deben ser discutidos y decididos al respecto: i.) acompasar la visión global con la visión local acordada; ii.) armonizar lo alcanzado en los acuerdos, con la visión de desarrollo de los territorios en los cuales se reintegrarán a la vida civil los actores del conflicto, y; iii.) fortalecer los canales e instancias de participación para la toma de decisiones, teniendo en cuenta las diferentes visiones de desarrollo que hoy se amalgaman.
