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Para entender los vínculos entre tierra y paz en el marco de los Acuerdos de La Habana, es útil comprender la idea de paz territorial propuesta en su momento por el alto comisionado Sergio Jaramillo. Esta tiene dos anclajes y un entorno. Los primeros son la garantía de derechos de las víctimas (verdad, justicia y reparación), cuya garantía se sustenta en la finalización del conflicto; y las instituciones que los soportan, que son, en una definición amplia, las prácticas y normas que regulan la vida pública. El entorno se refiere a un período de transición que implica el diálogo en los territorios para poner en práctica lo acordado.

La transición tiene, además, tres pilares: participación, reconciliación y justicia. La primera indica un ejercicio de planeación participativa desde abajo. La reconciliación apunta a recuperar la confianza y resolver el problema de credibilidad, una suerte de terapia que permita dejar atrás las secuelas de las décadas de violencia. Es, además, un espacio para construir espacios de discusión en lo local. La justicia es una herramienta que permite la construcción de la paz, mediante la reconstrucción equitativa del orden social. Es un marco que permite ponderar los derechos de las víctimas y los demás habitantes de los territorios.

¿Qué son los territorios?

Son las zonas donde sucede y ha sucedido el conflicto. La paz territorial coloca el centro, no en el centro, sino en esos lugares. Allí se implementarán las acciones derivadas de lo acordado en el punto 1 de La Habana, relativas al acceso y uso de las tierras, a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y a los Planes Nacionales de Desarrollo con enfoque Territorial. La versión final de los acuerdos conservó la cifra de 3 millones de hectáreas adjudicadas y 7 millones formalizadas a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, pero extendió el término para el proceso de 10 a 12 años. El mecanismo básico es la creación de un Fondo Nacional de Tierras con un instrumento complementario de adjudicación de tierras mediante subsidio. Adjudicación, formalización y subsidios se articulan a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, herramienta de política cuyo objetivo es el de lograr la transformación estructural del campo y su relacionamiento equitativo con la ciudad. Los Planes Nacionales deberán formular políticas de infraestructura rural, desarrollo social, producción agropecuaria y de acceso progresivo al derecho a la alimentación, desde el nivel central.