Este martes, a partir de las 10 de la mañana, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dará primer debate al proyecto de acto legislativo n° 105, por el cual se unifican las elecciones nacionales y locales y se amplía el periodo de mandato.
Aunque el pasado 27 de septiembre se realizó una audiencia pública para la socialización de la iniciativa, el proyecto fue calificado por diversos sectores como un 'orangután' contra la democracia.
El borrador publicado en la Gaceta de la corporación fija la elección de presidente y vicepresidente para el segundo domingo de mayo, mientras que las de Congreso, asambleas, concejos y JAL, y los gobernadores y alcaldes para el segundo domingo de marzo.
Asimismo el proyecto introduce un artículo transitorio en la Constitución que establece, en caso de su aprobación, que las funciones de los servidores públicos irán hasta el 19 de julio de 2022, de forma que los períodos de alcaldes y gobernadores coincidan con el de presidente.
Doce congresistas, cinco de Cambio Radical, tres de La U, dos liberales, uno del Centro Democrático y uno conservador, son los autores del proyecto que promovió Germán Vargas Lleras cuando estaba en campaña presidencial.
Frente a la tormenta que se ha generado por la iniciativa parlamentaria, César Lorduy, representante atlanticense y uno de los autores, advierte que hay 1.101 alcaldes y 32 gobernadores, por lo que sería 'absurdo, además de ser antiético y moral que uno pudiera presentar un proyecto de ley para poder beneficiar o perjudicar a uno de esos alcaldes o gobernadores'.
Señala que en el caso de los mandatarios desaprobados por su gestión, la ley establece los mecanismos para pedirles que se aparten del cargo, como la revocatoria del mandato.
Argumentos
La exposición de motivos del proyecto de acto legislativo que busca unificar el período de mandatarios locales con el presidente, y, por única vez, ampliar el actual período por 6 años, se sustenta en tres puntos:
–La desarticulación de los planes de desarrollo entre autoridades locales y Presidencia.
–La ley de garantías, creada para la reelección presidencial, que limita el margen de maniobra de las autoridades locales por cuenta de las restricciones para la contratación.
–El ahorro que se presume se generaría por la simultaneidad de las elecciones (un mismo día o en fechas cercanas) por el orden de los $409 mil millones.
Lo bueno y lo malo
Para el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es una propuesta 'inconveniente, inoportuna y un fraude a la democracia', ya que los actuales alcaldes fueron elegidos por cuatro años.
El dirigente liberal advirtió que unificar puede resultar antidemocrático por jugar todas las alternativas de la democracia en una sola elección. 'Lo que no tiene ninguna presentación es pretender alterar las reglas de juego cuando ya prácticamente está en marcha el proceso electoral del año entrante'.
Por su parte, el politólogo y docente universitario Fernando Giraldo explica que a diferencia del presidente, que desde que se posesiona puede intervenir el presupuesto y la estructura del Estado en todos sus niveles, los mandatarios locales quedan 'completamente amarrados' a los presupuestos y planes de desarrollo de sus antecesores, al menos durante los primeros ocho o nueve meses de gobierno.
A esto se suma las restricciones por ley de garantías por dos períodos, cada uno de seis meses, cada vez que afrontan unas elecciones. 'Los cuatro años de gobierno quedan reducidos a dos', concluye. Ante este panorama ve razonable considerar una ampliación del período, pero le resulta 'grave y delicado' querer ampliar para hacer elecciones simultáneas.
'Eso va contra la democracia, va a golpear a los partidos a nivel local. Será catastrófico para Colombia, aquí lo que hay en el fondo es una preocupación por golpear los partidos minoritarios, y también a la izquierda que mostró los dientes ahora en estas elecciones', analiza Giraldo, quien agrega que unificar mandatos es como si se reversara por vía política lo logrado en 1986: 'que los ciudadanos puedan elegir libremente y de manera tranquila a sus gobernantes'.
Carlos Meisel, senador atlanticense del Centro Democrático, no está de acuerdo con la simultaneidad de las elecciones, a pesar de lo positivo que puede resultar el ahorro que se genere. Dice que hay que tener la posibilidad de darle herramientas a los electores de corregir tendencias en dos años cuando no estén satisfechos con la gestión de un gobierno.
'Hay que buscar la manera de que las elecciones les cuesten menos al país; se puede hacer unificando ciertas elecciones, pero no todas. Yo priorizaría el darle la oportunidad a los ciudadanos de que vayan cambiando tendencias de acuerdo como se sientan con el Gobierno'.
Desde el punto de vista del politólogo Carlos Guzmán, la unificación de periodos podría hacer que se gane en articulación, en coordinación, en complementariedad y en subsidiariedad, 'pero haría que el exacerbado clientelismo que raya en la corrupción política se incremente mucho más'.
Asegura que hacer coincidir los gobiernos podría ser muy saludable, pero ampliar de manera inmediata los periodos sería perjudicial para la democracia. 'Sería premiar gobiernos no tan eficientes y sería castigar opciones distintas en ciudades minoritarias o intermedias.
Antecedentes
Hasta 1986 las elecciones legislativas se realizaban junto con las elecciones regionales (Concejo y Asamblea), y fue a partir de una reforma que en 1988 se hizo la primera elección popular de alcaldes para períodos de dos años
Con la Constituyente de 1991 se aprobó la elección popular de gobernadores y se amplió el período de los alcaldes a tres años.
Una nueva reforma en 2002 estableció en cuatro años el período de los mandatarios locales, igual en duración al del presidente.
En 2014 el gobierno de Juan Manuel Santos intentó introducir en la reforma de equilibrio de poderes que el periodo de los servidores públicos fuera de 6 años y simultáneo con el del presidente de la República, pero la iniciativa naufragó. Lo cierto es que la discusión apenas comienza y se requieren ocho debates en Cámara y Senado para esta reforma constitucional que ampliaría el mandato de los actuales alcaldes y gobernadores hasta 2022, de ser aprobada.
