El expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, advirtió este miércoles que no apoyará la Consulta Anticorrupción de la Alianza Verde sino los proyectos legislativos que presentó el gobierno del nuevo presidente Iván Duque, entre los cuales se hace referencia a cuatro preguntas que ya están estipuladas en el mecanismo de participación ciudadana.
Durante la plenaria del Senado, Uribe Vélez indicó: 'Esa consulta tiene muchos antecedentes, como el referendo de 2003 que lo mató la corrupción del Consejo Electoral (…).No quería volver a este Congreso porque me da pena hablar entre ustedes, señores senadores, teniendo de por medio esta indagatoria'.
Y en este mismo sentido agregó: 'Si hay alguna persona que tiene toda la transparencia y la legitimidad para proponerle a los colombianos una legislación anticorrupción es el presidente Iván Duque, y como yo también suelo decir en privado lo mismo que sostengo en público, anoche en una reunión privada que sin ética interfirió una periodista hice algún comentario negativo sobre esa consulta. ¿Por qué? Porque les tengo que decir a ustedes con toda claridad: yo hoy prefiero e invito a que este Congreso tramite con agilidad las normas mucho más completas y que tienen toda la legitimidad por la personalidad que las presenta, (…) que llegan aquí por la autoría del nuevo presidente. Voy a ejercer mi derecho de decir que prefiero apoyar esa legislación'.
No obstante, horas antes desde San Andrés, Duque, a pesar de que en su discurso no hizo referencia directa a la Consulta, señaló que respalda ese mecanismo y que dará todas las garantías que desde el Estado le corresponde.
'El día que gané las elecciones dije que íbamos a acompañar la consulta anticorrupción. ¿Qué se ha hecho? La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, antes de posesionarse habló con los organizadores y les expresó el respaldo', afirmó el jefe de Estado, y añadió que garantizará con toda la normatividad del Estado que este mecanismo se pueda cumplir el último domingo de este mes.
La incertidumbre que se generó frente al respaldo o no del presidente de la República a este mecanismo de participación popular se dio luego de que el expresidente Uribe dijera, en un video que logró captar el noticiero televisivo capitalino ‘Noticias Uno’ en la celebración del uribismo tras la posesión de Duque, que fue muy oportuno que el nuevo mandatario no hiciera relación alguna durante su discurso.
Este miércoles, precisamente, las ministras del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y de Justicia, Gloria María Borrero, presentaron el paquete de cinco proyectos de acto legislativo y un proyecto de ley en el Congreso.
El primer proyecto de acto legislativo, radicado en Senado, tiene que ver con la reforma política anunciada, con la que se persigue cerrar las listas a corporaciones públicas, dar autonomía administrativa y presupuestal al CNE y procurar la paridad de género en las listas.
Además, presentó en la Cámara un proyecto de acto legislativo para impedir que el secuestro y el narcotráfico sean considerados como conexos al delito político, que aplicará a futuro y no cambiará los acuerdos de paz. También en esa cámara baja fue radicado un proyecto de acto legislativo por el cual se limitan a tres los periodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa.
E igualmente en la Cámara se presentó un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 122 de la Constitución y que obliga a los funcionarios a presentar la declaración de renta.
Las demás iniciativas radicadas en la cámara alta tienen que ver con un proyecto de acto legislativo acerca de la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y un proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, con el fin de implementar los pliegos tipo en cualquier tipo de contratación.
Al respecto, el alto consejero para Asuntos Políticos, el barranquillero Jaime Amín, le dijo a EL HERALDO que 'este primer paquete legislativo, donde la agenda anticorrupción del presidente Duque viene trabajándose de manera consistente y articulada desde la campaña, no depende de la Consulta Anticorrupción, porque toda la actividad gubernamental va a estar enfocada en darle un tratamiento transversal a todos los ejes de gobierno en la lucha contra la corrupción'.
'Se radica una reforma política sobre voto preferente, que ha sido trabajado con la academia y con autoridades; los pliegos tipo van a mejorar la confianza de la ciudadanía; los servidores públicos deberán presentar la declaración de renta al posesionarse, en cada año del servicio y al momento del retiro; y se limitan los periodos en los concejos, asambleas y Congreso para que los ciudadanos sientan que no hay puestos eternos', explicó Amín.
Sin embargo, una de las impulsoras de la Consulta Anticorrupción, la exsenadora de la Alianza Verde, Claudia López, sugirió en Twitter que algunos de los asuntos que traen los proyectos del gobierno ya están estipulados en las preguntas de la Consulta Anticorrupción: 'Dijeron que harían campaña, que saldrían a las calles. Hasta hoy no han movido un dedo. Apropiarse de las propuestas (lo cual no tiene lío) sin cumplir la palabra, a sabiendas de que en el Congreso las hunde, es desleal con la ciudadanía y torpe para sacar las propuestas adelante'.
Se refiere López a cuatro temas de las iniciativas gubernamentales que ya contempla la Consulta: limitar los periodos de los miembros de los cuerpos colegiados, los pliegos tipo, hacer pública la declaración de renta y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Y sobre las declaraciones que se filtraron de Uribe contra la consulta, luego de haberse comprometido a apoyarla en la legislatura pasada, López agregó: 'No hay confianza después de que quedó en evidencia el doble discurso del uribismo, uno en público a favor y otro en contra en privado. Que el Presidente diga públicamente si al fin apoya o no la consulta anticorrupción y que haga campaña como dijo'.
Por su parte, la nueva jefa de la cartera política aseguró que 'los proyectos no dejan sin piso a la Consulta anticorrupción, son compatibles. El presidente Iván Duque desde cuando ejercía su cargo como senador, presentó algunos proyectos de ley relacionados con estos temas, que han sido también recogidos en la Consulta y que terminan siendo complementarios. El compromiso del presidente desde que era senador fue apoyar esa consulta y esa es la línea del Gobierno nacional'.
A su vez, otra de las artífices de la Consulta, la senadora verde Angélica Lozano, criticó en las redes sociales la reculada del expresidente frente al mecanismo de participación: 'El senador Uribe hoy no apoya la #ConsultaAntiCorrupción. Lo raro es que el 17 de abril y el 5 de junio le gustaba: votó a favor y destacó sus bondades. ¿Solo la aprobaron por promesería falsa de campaña y hoy quiere botar 37 millones de tarjetones impresos? ¿Cuánta plata?'.
De igual forma, el líder de la oposición, el senador y excandidato cordobés de Colombia Humana, Gustavo Petro, tuiteó sobre el tema: 'Es un hecho: el presidente de la República @IvanDuque, faltando a su palabra de campaña, ha hecho trizas la consulta anticorrupción'.
Y ante la plenaria del Senado advirtió: 'Jamás el Congreso de Colombia ha expedido normas anticorrupción. Si el presidente Duque trae algún tipo de proyectos a la consulta, aquí se evaporarán para sacarle el cuerpo a la lucha anticorrupción'.
La Consulta
La Consulta Anticorrupción se votará el próximo 26 de agosto y para que pase se requiere el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos del total de la votación (6 millones de votos), siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte del censo electoral (12 millones). Los organizadores le apuntan a una votación de 15 millones.
El uribismo, con el presidente Duque, sacó más de 10 millones de votos el pasado mes de junio y la oposición con Petro, obtuvo más de 8 millones de votos.
La Consulta preguntará sobre siete temas: bajarle el salario a los congresistas, quitarle prebendas a los condenados por corrupción, pliegos tipo en todo tipo de contratos, audiencias públicas para los presupuestos, que los congresistas rindan cuentas sobre intereses públicos y particulares, que los funcionarios elegidos popularmente declaren renta públicamente y acortar a tres periodos la participación en corporaciones públicas.
