La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, advirtió este martes que el gobierno Petro ha radicado su proyecto de ley más peligroso en el Congreso: el proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria.
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Según la congresista, esta iniciativa legalizaría la invasión de tierras, reviviría la expropiación exprés que la Corte Constitucional ya declaró inconstitucional, y abriría las puertas a una persecución contra los propietarios del campo.
'Bastaría con que los invasores realicen alguna actividad productiva en el predio, como una pequeña cosecha, para que nadie, ni siquiera los jueces, puedan desalojarlos. Este mecanismo otorgaría protección legal a los invasores y debilitaría significativamente los derechos de los propietarios legítimos', señaló Valencia.
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Agregó la parlamentaria opositora que 'la expropiación exprés ya ya había sido tumbada por la Corte Constitucional en el Plan de Desarrollo. La propuesta sugiere que los procesos agrarios sean resueltos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante actos administrativos, eliminando así la intervención de los jueces en estos casos'.
'Esta medida plantea una cuestión fundamental: ¿quién es realmente el débil? ¿El que invade o el que es invadido? ¿El que cosecha o el que vende?', añadió, cuestionando que se 'deja todo a discrecionalidad de los jueces, lo que podría desencadenar una persecución masiva a los propietarios para expropiar sus tierras'.
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Además alerta sobre el impacto en el sector minero-energético, ya que todas las controversias comerciales relacionadas con la producción de alimentos, productos agrarios, y recursos naturales no renovables, como carbón y petróleo, sean resueltas en esta jurisdicción agraria, pese a que ya existen jueces especializados para ello.
Y anunció la legisladora que el Gobierno 'se presume que está preparando un nuevo Código Agrario, tal como lo han mencionado los magistrados de la Corte Suprema' y que 'se establece que las afirmaciones de los sujetos de especial protección se presumen veraces, lo que obligaría a los propietarios, inversionistas y empleadores a gastar grandes sumas en abogados para desvirtuar estas afirmaciones'.
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Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseveró: 'El proyecto de ley que radicamos es absolutamente claro en que la expropiación agraria, regulada en los artículos 32 y 33 de la ley 160 de 1994 es competencia de los tribunales agrarios en primera instancia. ¿De cuál expropiación exprés hablan? Confunden, quizá por desconocimiento del régimen agrario, la expropiación agraria con los procesos especiales agrarios. Confunden la recuperación de baldíos indebidamente ocupados con la revocatoria directa del acto administrativo. Se difumina la responsabilidad en la administración de los bienes de la Nación con la adquisición directa'.
A su vez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, negó que el proyecto de jurisdicción agraria contenga la figura de expropiación exprés: 'El objetivo es que toda decisión sobre la propiedad de la tierra sea tomada por un juez agrario con segunda instancia en un tribunal'.
