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Una veintena de organizaciones de víctimas, de Derechos Humanos y sociales pidieron a los presidentes de la República, Juan Manuel Santos; del Congreso, Efraín Cepeda, al electo Iván Duque y al de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, que 'cumplan con todo lo pactado, discutan y aprueben las Reglas de Procedimiento de la JEP dentro del actual periodo legislativo'.

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Agregaron las entidades al respecto que 'el mismo Congreso que hace unos meses votó mayoritariamente para refrendar el Acuerdo Final de paz, ahora está retrasando su implementación'.

Señalaron además sobre la ley de procedimiento que es una norma de vital importancia para el funcionamiento de la JEP que, no sólo es un pilar esencial del Acuerdo Final de Paz, sino también es el mecanismo judicial que materializa el principio de la centralidad de las víctimas, permitiéndoles satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

'Por esta razón, la decisión del Congreso de aplazar la discusión y posterior votación del proyecto de Reglas de Procedimiento de la JEP les da nuevamente la espalda a las víctimas del conflicto y de la violencia sociopolítica, constituyendo además un incumplimiento del Estado en la implementación del Acuerdo Final', advirtieron.

Por ello, hicieron un llamado al Congreso de la República, especialmente al Senado, para que retome de inmediato el trámite legislativo de las Reglas de Procedimiento de la JEP, pues de esta actuación depende una adecuada y oportuna puesta en marcha de dicha Jurisdicción: 'Consideramos que no es necesaria la existencia de una decisión de la Corte Constitucional sobre el proyecto de ley estatutaria de la JEP en la medida que este no tiene como propósito reglamentarla, sino fijar los derechos de las víctimas y demás partes dentro de los procedimientos adelantados, lo cual se puede establecer con las normas hasta ahora promulgadas y revisadas por la Corte Constitucional'.

Además, instaron al presidente electo, Iván Duque Márquez, 'para que sea coherente con su primer discurso como presidente electo en el que anunció que gobernaría para todo un país y no sólo para los 10 millones de personas que votaron por él. Asumir el liderazgo de una Nación que transita hacia la paz luego de décadas de violencia implica la responsabilidad de conducir la implementación del Acuerdo Final de Paz, (...) con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas, quienes no merecen los desplantes de la bancada de su partido'.

Y exhortaron a la Corte Constitucional para que, según su reglamento, publique en el menor tiempo posible los textos de las sentencias C-630 y C-674 de 2017 referentes a los actos legislativos 01 y 02 de 2017 pendientes hace nueve meses: 'Además de reiterar el llamado a priorizar y adelantar con prontitud el control previo de
constitucionalidad de todas las normas de implementación del Acuerdo Final de paz y, especialmente, las relacionadas con el Sistema Integral'.

Finalmente, respaldaron el mensaje de urgencia emitido por el presidente Santos y el anuncio de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso de la República con el propósito de dar trámite al proyecto de ley de reglas de procedimiento de la JEP.

Entre los firmantes figuran el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice; el Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo', Cajar; el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda; la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes y la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica.