El proyecto de recuperación general del Teatro Santa Marta y el apadrinamiento que Carlos Vives y otros cultores de la ciudad le han hecho, encuentra en los comerciantes que ocupan los locales situados en los costados de la edificación posiblemente una ‘piedra en el zapato’.
En la tertulia que EL HERALDO realizó el miércoles anterior en ese escenario de las artes y en donde el eje temático fue el pasado, presente y futuro de la emblemática construcción de 70 años, se supo que los trabajos que se ejecutarán, una vez los millonarios recursos sean asignados quizás por la Nación, implican retomar el espacio que ocupan los 8 locales y habilitarlos como los palcos que antes eran.
Luz Patricia Moreno, directora de Festicaribe y quien tiene a su cargo el teatro Santa Marta, recordó que en la década del 80 cuando el edificio quedó en manos de Silvio Molano, por una concesión a 15 años que hizo la Alcaldía, lo reconstruyó convirtiéndolo en cine para lo cual deshabilitó las sillas laterales, aproximadamente 1000. En ese espacio se acondicionaron los locales comerciales.
Los propietarios de los negocios no son ajenos a esta realidad y aunque reconocen que de darse la recuperación del edificio como se viene planteando ellos tienen que irse, sostienen que necesariamente conlleva a una concertación legal con el Gobierno Distrital.
Manifiestan que si están allí es porque han suscrito un contrato ajustado a la normatividad, el cual han venido cumpliendo a cabalidad en todas sus partes.
“No queremos que nos miren como un problema, sino como una parte más del proceso”, dijeron.
Indeminización. Hubert Ramírez, abogado de los comerciantes, manifestó que sus apoderados vienen ejerciendo la actividad económica, por 30, 20 y 15 años, por tanto la Ley, en el artículo 518 establece que tienen el derecho a que se les pague el buen nombre y se les renueve el contrato cada año.
“Ellos han venido cumpliendo con todo lo que les ha exigido el Distrito por medio del Fondo Cuenta Especial de Entidades Descentralizadas que son los encargados del arrendamiento de los locales”, dijo el jurista.
Agregó que “el problema legal se plantea porque en una ocasión el Distrito quiso sacarlos sin reconocerle el pago de la indemnización que ellos quieren por el buen nombre de sus negocios”.
“Nuestra intención es que hay que compensarlos, pero lo que sucede es que aquí todo se maneja políticamente”, anotó.
Hoy el Fondo Cuenta está embargado porque –al decir del abogado Ramírez– ha sido manejado políticamente. Los comerciantes consignan el canon de arriendo al Banco Agrario, en cuenta perteneciente al Juzgado 4 Laboral del Circuito.
Comerciantes opinan. Fernando Medina, administrador del almacén Terremoto, manifestó que lleva 22 años en el sitio y que tienen un contrato que se está cumpliendo cabalmente.
En igual forma se expresó Pedro Lemus, del almacén El Cañonazo, quien sostuvo que hace unos tres años les pasaron una carta para desocupar pero ellos se pararon firmes, defendiendo sus derechos.
Dijo que a Corpocentro le pagó en una ocasión 3 millones de pesos, dinero que sería destinado para arreglar el edificio, pero nunca hicieron nada. “Nos han atropellado”, manifestó.
Por Agustín Iguarán
Santa Marta
