Proteger el derecho al acceso a los servicios públicos domiciliarios. Este fue el llamado que hizo la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz a las autoridades territoriales y nacionales, dadas las altas tarifas de energía eléctrica, la intermitencia en los servicios y otras problemáticas identificadas en el país.
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“Ante la urgente demanda de acciones de la ciudadanía, estamos impulsando la mediación, facilitando espacios entre las partes, como este, con el propósito de concertar compromisos entre los diferentes actores y garantizar los derechos de las comunidades”, señaló.
De igual manera, la situación actual de sostenibilidad y los desafíos financieros en la prestación de los servicios públicos hizo que la defensora se pronunciara para enviar un mensaje a los gobiernos locales.
“Es responsabilidad de los gobiernos locales y nacional brindar los mecanismos normativos y hacerles control a las empresas prestadoras para asegurar el acceso, además de poner a funcionar nuevas tecnologías que permitan diversificar las posibilidades del suministro de los servicios”.
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Agregó que es “fundamental contar con un enfoque integral que aborde las necesidades inmediatas relacionadas con el acceso a servicios básicos en simultánea con los problemas subyacentes de pobreza, desigualdad y conflictos sociales, y así se pueda apuntar a asegurar el bienestar y la mejora de la calidad de vida de la población, sin escenarios de incertidumbre, sin nuevas conflictividades, teniendo como horizonte velar por la garantía de un buen futuro para todas y todos”.
Datos a nivel nacional
El Observatorio de Conflictividad Social de la entidad de derechos humanos registró 915 eventos de conflictos sociales entre el 1 de enero del 2022 y el 15 de noviembre del 2024 en Colombia, todos asociados a fallas en la prestación de servicios públicos domiciliarios. De estos, el 78% se concentró en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar, La Guajira, Córdoba, Tolima, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cauca y Sucre, siendo la región Caribe la que presentó el mayor número de casos.
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Además, el 93% de los conflictos, con 851 eventos, fue por falencias en el acceso al agua y la energía eléctrica; el 4%, con 37 casos, por inconformidades en la prestación de varios servicios, y por gas y aseo domiciliario, el 2% y 1%, respectivamente.
