La decisión del Gobierno nacional de aplazar la destinación de $710 mil millones para el megaproyecto del canal del Dique ha generado incertidumbre en el Caribe colombiano.
El Consejo Gremial de Bolívar indicó que esta decisión podría desencadenar “graves consecuencias”, teniendo en cuenta que este proyecto se ha contemplado como una “solución ambiental y social urgente” a una deuda histórica del Estado con las comunidades afectadas por las inundaciones y el deterioro de los ecosistemas.
Desde el gremio se indicó que se requiere un acuerdo formal para definir una fecha clara y definitiva para la reactivación de los recursos: “No podemos correr el riesgo de que este aplazamiento derive en la liquidación anticipada del contrato, lo que significaría que la Nación termine pagando una millonaria indemnización mientras la región se queda sin las obras necesarias y con el pasivo ambiental de la degradación de los ecosistemas”.
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Además, instó a adoptar un nuevo esquema financiero con certidumbre, puesto que para el año actual no se requiere la totalidad del recurso debido a la solicitud del Gobierno nacional de una licencia ambiental, que retrasa el inicio de la fase de construcción.
“Sin embargo, la financiación debe estar garantizada en el mediano plazo para que el proyecto pueda avanzar sin obstáculos adicionales”, agregó.
En la misma línea, el Consejo Gremial de Bolívar expuso que se debe dejar precedente del compromiso del Gobierno para asumir los sobrecostos generados por sus propias decisiones.
“La exigencia de licenciamiento ambiental, que no estaba contemplada en el contrato original, ha generado demoras y costos adicionales. Es imperativo que la Nación reconozca su responsabilidad y garantice los recursos adicionales que esto implica”.
El gremio también indicó que “no es viable” que el 100 % del presupuesto previsto para este año sea aplazado debido a que el concesionario tiene compromisos inmediatos, como los dragados de mantenimiento para la navegabilidad del canal, obras de protección de orillas y adecuaciones de vías.
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“Sin estos recursos, estas intervenciones se paralizan, poniendo en riesgo la navegación y el control de sedimentación en cuerpos de agua estratégicos como la Bahía de Cartagena y la Ciénaga de La Virgen”, agregó.
En dicha hoja de ruta también se deben establecer los mecanismos para avanzar en obras menores mientras se obtiene la licencia ambiental, destacando que “es clave que se permita la ejecución de obras menores que mitiguen los riesgos actuales y ayuden a reducir costos y tiempos en la construcción general del proyecto”.
El Consejo Gremial de Bolívar solicitó al Ejecutivo que se designe un “responsable de alto nivel” con capacidad de articular los sectores de Transporte, Interior, Ambiente y Hacienda, para garantizar que el canal del Dique avance sin más retrasos y sin poner en riesgo la estabilidad financiera y jurídica del país.
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“Demorar este proyecto no solo significa aumentar el daño ambiental y postergar la reparación que requiere la región, sino también dejar sin solución una problemática que ha sido agravada por las mismas intervenciones del Estado, como la construcción de la hidrovía que hoy afecta nuestros ecosistemas”, puntualizó el Consejo Gremial.
