El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, condenó al exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández Maestre, a una pena de 8 años y seis meses de prisión, además de ordenar que sea trasladado a un centro de reclusión.
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Esta vez la condena fue por hallarlo culpable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, por el caso de un contrato de más de $119 millones que celebró con la Asociación de Operadores de Maquinaria Pesada, Asomap, el cual presentó irregularidades.
Por el mismo proceso, también fue condenado Daniel Segundo Sierra Jiménez, natural de Maicao, La Guajira, a cinco años y 4 meses, la cual deberá deberá cumplir en su lugar de residencia; contrario al exmandatario, a quien le fue ordenado el traslado a un centro de reclusión, tras permanecer actualmente hospitalizado en la Clínica Alta Complejidad de Valledupar, tras ser capturado en el municipio de Bosconia, el pasado 9 de septiembre en un retén de la Policía Nacional, tras estar prófugo de la justicia.
Adicionalmente, Fernández Maestre fue inhabilitado de funciones públicas por 80 meses y deberá pagar una multa de 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Es de recordar que Fernández Maestre, quien fue alcalde en el periodo 2009-2011, enfrenta otros líos con la justicia, entre estos una condena de 5 años y tres meses de prisión, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior de Valledupar.
El proceso obedeció a la celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales, dado que otorgó un millonario contrato a una empresa que no cumplía con lo estipulado para la contratación pública.
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El objeto del contrato consistía en capacitar a la población indígena arhuaca. Para esto el municipio invirtió $452.200.000.
También otro proceso por el empréstito $36.000 millones, para la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, a través de un convenio interadministrativo para obras de acueducto y alcantarillado que presuntamente no se ejecutó. En ese entonces el Concejo Municipal le otorgó facultades para solicitar a la banca privada dicha suma de dinero con cargo al Sistema General de Participación, pero las obras quedaron inconclusas.
Por otro lado, en 2022 la Corte Suprema de Justicia absolvió a Luis Fabián Fernández, del delito de peculado por aplicación oficial diferente, tras ser condenado por un juez de conocimiento y confirmada la sentencia por el Tribunal Superior de Valledupar. En este caso se discutió un contrato de $1.500 millones para la seguridad ciudadana.
