Prosperaron tres acciones que la Procuraduría General de la Nación entabló contra las alcaldías de Cartagena, Santa Marta y Villavicencio, en donde existen más de 166.000 estudiantes que se encuentran sin cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El Juzgado Primero de Pequeñas Causas Laborales de la Ciudad Heroica acogió la acción presentada por el Ministerio Público y ordenó a la Alcaldía Distrital y a la Secretaría de Educación cumplir, sin dilaciones, con los cronogramas del programa en el que hasta el momento hay casi 90.000 estudiantes fuera del PAE por demoras en el proceso de licitación del contrato.
La decisión también ordena al secretario de Educación entregar informes mensuales sobre los avances en la cobertura.
En el caso de Santa Marta, el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías dio un plazo de 48 horas para que inicie los trámites requeridos para prestar el servicio lo más pronto posible a más de 43.000 estudiantes.
A la Alcaldía también se le ordenó tomar medidas para que esta situación no se repita en el futuro.
Para Villavicencio, el Juzgado Tercero Civil Municipal tuteló los derechos fundamentales a la educación y la vida digna e igualdad a los 33.823 estudiantes beneficiarios del PAE, de 50 instituciones educativas oficiales, atendiendo los argumentos expuestos por la Procuraduría y ordenó agilizar los trámites de contratación del programa, sin desconocer lo dispuesto por la ley en materia de contratación.
