Once meses sin recibir un solo peso por su trabajo, cumplido puntual y eficazmente, ha obligado a los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar a vender sus salarios a usureros que les cobran intereses entre 20% y 30%.
En Sucre, en tanto, muchas enfermeras cumplen turnos de más de ocho horas en hospitales públicos que hace 32 meses no les pagan, y luego asumen el cuidado de pacientes particulares para poder recibir un dinero que nivele sus ingresos. A su vez los médicos de Montería se quejan porque algunas clínicas, por la baja producción, le recortaron el salario al personal contratado a través de terceros.
Para el presidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud seccional Bolívar, Roberto Bustamante, la dramática situación económica de los trabajadores de la salud de la Costa hizo que echaran por la borda su proyecto de vida. 'Muchos han perdido los bienes que habían adquirido a lo largo de los años. Salvamos vidas, pero no nos pagan, qué paradoja', confiesa, y pone de ejemplo la crisis en el hospital del municipio de Altos del Rosario, donde hace 23 meses no reciben salarios.
Para la presidenta nacional de Sindes, Doris González, la tercerización, que según ella es del 90%, ha sido un gran daño, tanto para la red hospitalaria como para las organizaciones sindicales. En mayo pasado, mediante Resolución 753 de 2020, el Gobierno nacional aprobó $213.000 millones a los hospitales para cubrir la 'deuda histórica' que se tenía y que representaba una inequidad para los trabajadores.
Al Atlántico le giraron $3.789 millones, a Bolívar $6.715 millones, al Cesar $3.332 millones, a Córdoba $7.807 millones, a La Guajira $7.338 millones, al Magdalena $4.196 millones y a Sucre $10.496 millones.
