Con contundencia y sin vacilaciones Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, procesados por la masacre de Chimá, Córdoba, que cobró la vida de tres ciudadanos, no aceptaron al mediodía de este jueves 17 de octubre los cargos que la Fiscalía Primera Seccional, de la Unidad Vida, en Montería, les imputó.
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Con expresiones como “Soy inocente, no acepto cargos” y “Me declaro inocente, no acepto cargo”, respondieron Cristian Petro y Juan Soto a las preguntas que les formuló el juez Primero Promiscuo Municipal de Chimá, con funciones de control de garantías.
A los dos procesados, que están detenidos desde el 22 de septiembre, la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado, porte ilegal de armas de fuego y ocultamiento de material probatorio. No les fue imputado el secuestro porque no se configuró, pero una de las abogadas que representa a las víctimas mortales se mostró en desacuerdo con ello y lo sustentará en la próxima audiencia de garantías.
Los delitos les fueron imputados en calidad de autores materiales, pero en los atroces hechos hubo participación de otras personas que la Fiscalía está identificando. Además anunció que podrían aparecer otros delitos.
La Fiscalía relató que Cristian Petro y Juan Soto, de 28 y 26 años, respectivamente, se habían concertado para realizar la “coartada criminal apocalíptica” de la que fueron víctimas el ganadero y comerciante Esteban Rafael Urueta González, de 51 años; Fredy Beleño Acosta, de 59, y Gerardo Marzola Coronado, de 48 años. Los dos últimos eran administradores de las haciendas del sincelejano Esteban Urueta y hombres de mucha confianza para él, con quienes además compartía el amor por la ganadería, en especial por los caballos de garrocha, arte en el que Fredy ‘El Negro’ Beleño, se destacó por años.
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La ruta de la muerte
En la imputación la Fiscalía detalló lo que fue la ruta de la muerte de Urueta, Beleño y Marzola. Los tres partieron el martes 10 de septiembre a las 5:00 de la mañana de la ciudad de Montería, donde residía el ganadero y empresario, en su camioneta Totoya beige de placas BID-761 que fue encontrada abandonada en zona rural del municipio de Sahagún.
Las tres víctimas partieron de Montería hacia zona rural de Ciénaga de Oro, en límites con Chimá, donde Cristian tenía las reses a media, es decir, en compañía con su socio Cristian Petro que es tecnólogo en producción ganadera.
La ruta escogida fue Montería-Carrillo-San Pelayo. A las 7:30 de la mañana se encontraron en esta última población con quienes serían sus verdugos que iban en una motocicleta. Para llegar al destino, que fue el final, transitaron por varias poblaciones como Chimá, Puerto Nuevo, Las Guamas y a las 10:30 arribaron a Corralito, de donde nunca más regresaron.
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No había ganado
Al llegar al sitio Cristian y Juan los hicieron adentrarse a una zona llena de maleza de más de dos metros y pese a caminar y caminar no se veían reses.
En medio de esa búsqueda el ganadero y empresario Esteban Urueta González se vio obligado a regresar, por asuntos laborales, a la zona urbana dejó a Beleño y Marzola con Cristian y Juan. Para devolverse tomó otra ruta: Bellavista, Bugre-Berástegüi-Cereté y por allí mismo regresó a su tarea de establecer la suerte de 700 reses, no sin antes llevar alimentos (almuerzos) para las aparente cuatro personas que estaban en la zona de Corralito que limita con la ciénaga de Chimá, la cual fue cruzada por Beleño y Marzola a través de un terraplén y fue por allá donde encontraron la muerte trágica al ser desnucados con arma contundente, luego con arma de fuego, incinerados y lanzados a una fosa que ya estaba hecha.
La Fiscalía presume que a Beleño y Marzola los asesinaron pasadas la 1:00 de la tarde, mientras que a Urueta poco antes de las 3:00 de la tarde del mismo martes 10 de septiembre.
A Urueta lo asesinaron lejos de sus trabajadores, en el camino rural Ciénaga de Oro-Chimá y lo llevaron sin vida para incinerarlo y lanzarlo de primero en la fosa de un metro de profundidad, por 2 de largo y 85 centímetros de ancho.
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Las familias de las víctimas sabían que ellas estaban con Cristian Petro y Juan Soto porque hasta la 1:00 de la tarde estuvieron en contacto con ellos a través de sus celulares, un iPhone de 7 millones de pesos y dos Samsung, equipos todos desaparecidos.
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Cristian Petro y Juan Soto continúa el 30 de octubre, pues a esta hora se desarrolla en el Juzgado Promiscuo Municipal de San Carlos, una audiencia de control posterior sobre unas interceptaciones a los celulares de los procesados que en un principio le contaron, en interrogatorio, a la Fiscalía, mucho de los sucedido ese 10 de septiembre, pero al final ese acuerdo no se concretó.
