Aunque siguen las investigaciones en los entes de control penal y disciplinario contra el gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, por las presuntas irregularidades que se cometieron por sobrecostos en contratos de compra de libros escolares por más de 828 millones de pesos, el contralor delegado para el sector social, Carlos Eduardo Umaña, le dijo ayer a EL HERALDO que el organismo de control fiscal le solicitó al presidente Juan Manuel Santos no suspenderlo temporalmente de su cargo, como lo había pedido este mismo ente dos días antes.
Y todo ello porque el mandatario departamental pagó el jueves, en efectivo, lo correspondiente al 96 por ciento del detrimento total causado, restándole solamente lo de la indexación desde el momento del daño hasta el pago, que suma algo más de 24 millones de pesos, aunque trascendió que ya fueron consignados en la tarde de ayer.
Umaña explicó que habían solicitado la suspensión 'por considerar que podía interferir en el desarrollo de la investigación, ya sea dentro del proceso de responsabilidad fiscal, del penal o del disciplinario, (...) ya que él está ejerciendo como gobernador, como quiera que la secretaria de Educación y los rectores dependen del mandatario'.
No obstante, repuso 'el día de ayer (jueves), en horas de la mañana, el gobernador se notificó del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal en la sede de la gerencia departamental de la Contraloría en Sincelejo, y como en horas de la tarde procedió a consignar en efectivo el valor que se señalaba como detrimento patrimonial, la contralora le generó comunicación al Presidente pidiendo que no se suspendiera al mandatario, como quiera que el resarcimiento del daño patrimonial quedó en un 96 por ciento'.
Advirtió Umaña al respecto que 'nuestra función, que es de carácter resarcitoria en un proceso administrativo, no sancionatoria ni condenatoria, ya terminó'.
Sin embargo, precisó el alto funcionario, las investigaciones en la Fiscalía y Procuraduría contra el gobernador, por este tema de los libros escolares, sigue, incluso, basadas en las pruebas que la Contraloría: 'en su momento, se dio traslado de los hechos a Procuraduría y Fiscalía, y ellas se han apoyado en las pruebas recaudadas por la Contraloría. Y respecto de la conducta del gobernador, son esos dos entes los que dirán si está incursa en alguna causal disciplinaria o penal'.
De otro lado, fuentes de la Fiscalía confirmaron a este diario que la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia va 'muy avanzada' en la investigación por este asunto de los textos escolares contra el mandatario departamental y ayer mismo este despacho solicitó a la Contraloría copia del fallo. No obstante, en el ente de control penal aún no se ha abierto una pesquisa por el desembolso en efectivo de los más de 800 millones de pesos por parte del gobernador, aunque no se descarta.
