Juan David Díaz Chamorro, hijo del asesinado alcalde de El Roble, Eudaldo ‘Tito’ Díaz Salgado, calificó ayer como una 'burla' la condena proferida por el Juzgado Quinto de Descongestión del Circuito de Sincelejo que declaró administrativamente responsable a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por la muerte del mandatario el 10 de abril de 2003.
'No entendemos cómo en este fallo se absuelve a la Gobernación, cuando el gobernador de la época, Salvador Arana, está condenado a 40 años como autor intelectual del crimen, la Presidencia fue absuelta pese a que mi padre denunció ante el presidente Álvaro Uribe que lo iban a matar y no hizo ninguna acción', sostuvo.
Para Díaz, en lugar de ayudar a su padre le retiraron el esquema de seguridad a que tenía derecho como alcalde, lo que en su opinión demuestra una omisión.
Recordó que Sucre en ese momento era una de las zonas de rehabilitación y reconciliación en el país, y en el proceso demostraron que antes del crimen, su padre había estado en San Onofre y las vías se cerraban a las 5:00 p.m., y las abrían a las 5:00 a.m. del día siguiente. '¿Cómo hicieron para trasladar al mandatario desde San Onofre a Sampués donde fue encontrado asesinado? y ¿cómo lo permitió el Ejército y la Policía?'.
Consideró que la condena contra el Ministerio de Defensa y la Policía debió extenderse a todas las entidades 'por su clara responsabilidad, y por su omisión. Por eso consideramos el fallo como una burla y nos sentimos revictimizados', dijo.
Por este crimen han sido condenadas 10 personas, entre esas Diana Luz Martínez Pérez, directora de la cárcel La Vega para la época y quien es prófuga de la justicia; además de varios desmovilizados de las Auc que están en cárceles de la Región Caribe.
El Juzgado condenó a la Nación al pago de perjuicios morales estimados en $64.435.000 a favor de la cónyuge Martha Silgado y de los hijos Juan David Díaz, David Jesús Díaz y Liliana Margarita Díaz, así como a Fernando Salgado Salgado su hijo de crianza. No obstante, Díaz Chamorro reiteró que el interés es la dignidad de la familia porque en este proceso administrativo no tuvieron en cuenta aspectos como el salario del mandatario.
'Mi padre era alcalde cuando lo asesinaron y en el proceso lo liquidaron como si hubiera sido un ciudadano más que ganaba un salario mínimo, en esto hubo falla'.
