La directora del Bienestar Familiar, Cristina Plazas, presentó denuncia penal contra cuatro operadores de alimentos en La Guajira por irregularidades detectadas en la prestación del servicio.
Omisiones en la entrega de raciones para los niños, almacenamiento y suministro de alimentos en mal estado y profundas deficiencias administrativas, entre otras anomalías, fueron detectadas por la funcionaria durante las visitas que practicó la misma funcionaria, tal como lo expuso ante el director Nacional de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, Carlos Fernando Guerrero Osorio.
Los operadores denunciados por Plazas Michelsen son: la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu de la Zona de la Makuira, la Asociación Arregopine (hoy Fundación Asouta Sau Wayúu), la Fundación Kootirrawa y la Unión Temporal Watwpichin, que en conjunto atienden a 6.282 niños y niñas entre 0 y 5 años
La directora del Bienestar insistió en que 'los recursos de la niñez son sagrados' y aseguró que no aceptará presiones de ninguna clase para contratar a operadores que no cumplan con la prestación de servicios de calidad porque es su deber garantizar transparencia y servicios de calidad para la niñez wayúu.
Varios de estos operadores de los programas alimentarios, son los mismos a los que en una inspección anterior se les había encontrado irregularidades.
En Uribia, la funcionaria visitó la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu de la zona de la Makuira, que atiende a 492 niños y niñas en la modalidad tradicional familiar y 1.050 beneficiarios en la modalidad familiar que incluye menores de 5 años, mujeres gestantes y madres en período de lactancia por valor de $ 841.628.550.
Allí encontró que la estructura no cumplía con los requisitos de acuerdo al número de beneficiarios y al momento de la visita el día 20 de mayo a las diez de la mañana, no se evidenció la prestación del servicio . 'De acuerdo a la madre comunitaria antes de las 10:00 a.m. había suministrado tres tiempos de comida, desayuno, refrigerio y almuerzo, información que fue ratificada por los demás miembros adultos de la comunidad', indica el informe.
En el lugar no se encontraron documentos de los niños como tampoco los que permitieran evidenciar la entrega de la ración para preparar, desde el inicio de la operación. La representante legal es Omaira Fernández Fernández.
En el mes de mayo, el ICBF realizó inspección al hogar de la Unidad de Atención Cardón Guajiro la Fundación Arregopine y encontró que esta realizó cambio de razón social sin solicitar la aprobación a la regional.
También que la alimentación suministrada, establecida en el ciclo de menús no contemplaba el enfoque diferencial de acuerdo con la comunidad indígena atendida y que no se realizaban la intervención nutricional ni acciones de orientación a la familia de acuerdo a las recomendaciones nutricionales.
