En desarrollo de la función preventiva que ejerce en los funcionarios públicos, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar por la posible comisión de faltas disciplinarias en relación con la ejecución del contrato de la polémica Vía de La Prosperidad, en el Magdalena.
El tema involucra a la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga, y otros funcionarios de su administración, al igual que entidades del orden nacional y los particulares que pudieron comprometer su responsabilidad.
La noticia se conoce luego que el titular del Ministerio Público, Fernando Carrillo, inspeccionara los trabajos y evidenciara un avance de apenas el 38 %.
Señala la Procuraduría, que este porcentaje de ejecución se da 'habiéndose desembolsado recursos equivalentes al 52 % del presupuesto asignado, incluyendo un pago anticipado por más $64.801 millones, equivalente al 15% del valor total del contrato'.
En enero la Contraloría denunció sobrecostos en algo más de $32 mil millones, gastados en el transporte del material para la adecuación del terreno.
