Con el objetivo de garantizar la seguridad en todas las carreteras de la Región Caribe, el Ejército Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional dispondrán de total vigilancia a los viajeros que transitarán este fin de semana.
El pasado miércoles, el grupo guerrillero anunció la puesta en marcha de un paro armado en todo el territorio nacional, que entrará en vigencia este sábado 10 de febrero a las 6:00 a.m. y finalizará el martes 13 del mismo mes a las 6:00 de la mañana.
Ante esto, el coronel Raúl Riaño, comandante de la Policía en el Atlántico, sostuvo que 'se va a realizar todo el despliegue en materia de inteligencia para evitar cualquier situación que se pueda presentar. Actualmente tenemos más 18 puntos de control en las vías de acceso del departamento, con el fin de detectar cualquier irregularidad que se presente'.
Asimismo, agregó que 'las actividades de Carnaval se van a realizar como están programadas, solo que se van a extremar las medidas seguridad'.
Por otra parte, el coronel Marcelo Russi Cárdenas, comandante de la Policía en Córdoba, señaló que 'no tenemos registro de presencia del Eln, de todas formas estamos atentos a cualquier situación irregular que se presente y hacemos el llamado para que la comunidad nos informe de inmediato'.
El coronel José Wilmer García, comandante de la Policía de La Guajira, informó que habrá más control y patrullaje en los diferentes municipios en los que se están llevando a cabo los consejos de seguridad. Por su parte, el comandante de la Décima Brigada general, Jaime Rivera, anunció que el Ejército se reforzará de personal con el fin de contrarrestar cualquier incidente que se presente por parte del Eln.
A su vez, Mauricio Pedraza, comandante de la Policía en Cesar, aclaró que 'seguimos con los puestos de control de vigilancia y prevención en todos los municipios en cada una de las entradas y salidas de estas poblaciones'.
El comandante del Frente de Guerra Occidental ‘Omar Gómez’ del Eln, alias Uriel, justificó el paro armado por 'la continuidad del terrorismo de Estado y el incremento de la persecución a los dirigentes populares y la judicialización de la protesta social'. Además, se aseguró que los tres días de violencia son una respuesta 'a la negativa del Gobierno a darle continuidad al quinto ciclo de conversaciones de paz en Quito'.
