Con excepción de La Guajira, los demás departamentos del Caribe se endeudaron con los llamados ‘bonos de agua’, que hoy tienen en el ‘ojo del huracán’ al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien en el pasado, ocupando el mismo cargo, creó la figura que le permitió a los municipios acceder a líneas de créditos para la ejecución de proyectos de acueductos y otras obras de saneamiento básico.
En la Costa, 42 municipios en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre, accedieron a más de $148.000 millones en préstamos para contratar obras que buscaban superar, en su mayoría, las dificultades para el suministro de agua potable, tanto en las cabeceras como en las zonas rurales.
Sin embargo, fue peor el ‘remedio que la enfermedad’, porque los recursos llegaron, pero muchos de los proyectos no se terminaron, quedando las finanzas de los entes territoriales ‘ahogadas’ con préstamos a largo plazo, y las comunidades sin solucionar el problema de abastecimiento del vital líquido.
Uno de los municipios caribeños con mayor endeudamiento a través de los bonos de agua es Valledupar, que logró un empréstito por $36.765 millones, para la ejecución de cuatro contratos de obras que quedaron a medias, y por los cuales los organismos de control abrieron investigaciones.
Entre estos se cuenta el caso del acueducto del corregimiento de Camperucho, donde la Contraloría determinó un detrimento de $538 millones, tras quedar inconcluso. Según las pruebas recogidas por el grupo auditor, se evidenció que la tubería no pudo llegar a esa población, faltando 2.348 metros, lo que no permitió que el acueducto funcionara.
El veedor ciudadano de Valledupar, Jaime Mora, dijo que a pesar de que la Contraloría estableció un detrimento de $538 millones por las obras inconclusas del acueducto de Camperucho, y que la Fiscalía asumió una investigación para determinar responsabilidades penales por lo mismo, no existen sanciones al respecto. Mora indicó que 'es lamentable y preocupante, el hecho de no cumplir con el objetivo de una obra tan importante para la comunidad. Además, el caserío se quedó con la necesidad que era primordial resolver'.
El crédito agudizó la crisis financiera del municipio, al punto que fue uno de los detonantes para que este entrara en Ley 550.
En 2010, bajo el mandato del entonces alcalde Luis Fabián Fernández, la administración local acudió a los ‘bonos de agua’, comprometiendo vigencias futuras del Sistema General de Participación (SGP) por 19 años. La mayoría de las obras quedaron siniestradas, y en cambio los pasivos de Valledupar ascendieron a $211.000 millones, que fue el total de las acreencias que entraron en reestructuración con la llamada Ley de Quiebras, que empezaron a pagarse en 2014.
La tasa de interés fue generosa, al punto que tal como se concibió el crédito, Valledupar en los 19 años terminaría pagando unos $90.000 millones, prácticamente el triple de lo que recibió el Municipio.
A través del Acuerdo 004 del 16 de abril de 2010, los concejales autorizaron a Fernández asumir compromisos de crédito. Al recibir la administración, el exalcalde Fredys Socarrás Reales advirtió que las inversiones no se habían hecho y que el empréstito era el principal motivo para llevar a Valledupar a Ley 550.
La Contraloría municipal adelantó una investigación sobre este crédito y en un informe de 54 páginas reveló inconsistencias. Para el préstamo se comprometió el 75% del SGP.
Dentro de los hallazgos más relevantes el ente de control encontró que se aprobaron unas vigencias futuras sin realizar los estudios previos de tipo financiero, por lo que a la hora de la aprobación del empréstito no se consideró cuántas obras se iban a construir ni el valor de cada una, ni mucho menos el tiempo de ejecución de las mismas.
Por otra parte también la Contraloría encontró sobrecostos en los materiales utilizados por contratistas.
Sustituyeron al crédito
La Secretaría de Hacienda en el actual gobierno, logró la aprobación de un crédito para sustituir dicha cartera. 'Era muy onerosa para el Municipio y se estaba pagando un costo muy alto al servicio de la deuda. Con esta operación se generó un ahorro importante en la renta reorientada que es el SGP de agua potable y saneamiento básico. Se está hablando de un ahorro de $2. 500 millones anuales', explicó el secretario de Hacienda, Eudes Fuentes Mejía.
El convenio inicial se realizó con una tasa del DTF + 11 puntos, y a través del acuerdo de reestructuración de pasivos realizado en 2014 sufrió una modificación con IPC+11 puntos. En la actualidad, se surte la negociación que se cerró con BBVA, a través de mejores condiciones de intereses para la entidad territorial.
En Cesar, además de Valledupar se endeudaron Bosconia con $2.365 millones, El Paso con $2.438 millones, y La Gloria con $2.367 millones.
