Durante el encuentro sobre la situación carcelaria y derecho a la salud en la Universidad de Eafit, en Antioquia, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, anunció una indagación a 28 alcaldes del país, entre ellos, los siete de las ciudades capitales de la Costa, por la presunta violación de los derechos fundamentales de las personas en los diferentes centros de reclusión.
Carrillo señaló que 'la negligencia ha sido extrema y muchos alcaldes ni siquiera se han dignado a responder a las solicitudes de la Procuraduría con la responsabilidad que tienen a nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para tomar cartas en el asunto'.
La indagación de la Procuraduría cobija a las alcaldías de Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Montería, Riohacha, Santa Marta y Sincelejo.
El directivo del ente de control agregó que se harán visitas a los centros penitenciarios, pues es necesario dotar y transformar instalaciones.
En diciembre pasado, la Defensoría del Pueblo, indicó que el sistema penitenciario tiene capacidad para 80.203 reclusos, pero se tiene registro de 119.842 personas privadas de la libertad, lo que indica que hay 39.639 presos por encima de la capacidad del sistema; es decir, un hacinamiento del 49,42 %.
La salud
Dentro del plan de acción, el procurador dijo que si bien las problemáticas son varias, la salud es lo que más preocupa pues 'es un sistema fundamental con recursos públicos' y que 'independientemente del mea culpa colectivo podemos afirmar que la responsabilidad es de todos'.
Carrillo Flórez también alegó que esto se debe a la falta de coordinación entre las entidades territoriales con el gobierno central que afecta a esta población en el afán de tener a todo el personal en un solo lugar.
'Independientemente que hayan bajado los índices de hacinamiento, la violación de derechos fundamentales sigue siendo el pan de cada día y pareciera que eso no le importa a nadie. Por eso hay que dejar un poco lo que ha sido la política criminal del estado… esa esquizofrenia que se ha presentado en el país en relación a un populismo punitivo que aumenta las penas y que quiere ver a todo el mundo dentro de la cárcel pero no hace nada por la reinstitucionalización del sistema', señaló Carrillo durante su intervención.
El procurador manifestó también que la acción popular contra los mandatarios busca aprovechar las circunstancias para armar el plan de acción y usar la carta de navegación de inversiones que en estos momentos está en boca de todos como lo es el Plan Nacional de Desarrollo pues alega que se debe 'examinar todo el tema de funciones público-privadas' para contribuir a la modernización de la infraestructura y acabar con el hacinamiento.
En Riohacha
El secretario de Gobierno distrital Ronal Favián Gómez afirmó que hace una semana se reunieron con la Directora Regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec María Alexandra García y en esa reunión 'quedaron pactados unos compromisos' para traslado de internos a otras ciudades y fortalecimiento del centro carcelario, además de dotación de una buseta para la cárcel.
En Sincelejo
El alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinosa, señaló que acudirá al llamado de la Procuraduría para atender los requerimientos.
'Tenemos la tranquilidad jurídica porque hemos cumplido nuestros compromisos. Hemos sido resaltados como una de las Alcaldías que más se preocupa por los reclusos. Dentro de nuestros presupuestos hemos tomado en cuenta a nuestras cárceles', señaló Quessep Espinosa, quien destacó que 'no tiene inconvenientes para presentarse ante el ente de control para dar las explicaciones y soportas las diligencias en pro de las cárceles'.
En febrero pasado, el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, insistió , por ejemplo, ante el Ministerio de Justicia y el Inpec, en que debe frenarse esta situación; además pidió la reubicación de la Cárcel Judicial.
'Hemos venido insistiendo que Valledupar no es la cloaca del Inpec, y también estamos pidiendo que se reubique de una vez por todas la Cárcel Judicial. ‘La Tramacúa’ no está hacinada', señaló el mandatario vallenato.
Por su parte, el Distrito de Barranquilla anunció que espera ser notificado oficialmente de la apertura de la indagación para pronunciarse al respecto.
