'Erradicar la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia', sentenció el Premio Nobel de Paz, Nelson Mandela, en 2005, llamando la atención de los representantes del G7, el grupo de países más ricos del mundo.
En efecto, los niveles de inequidad en el mundo van en aumento, ampliando cada vez más la diferencia entre pobres y ricos. Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el planeta y, dentro de este territorio, la región Caribe es una de las afectadas.
Es por eso que, como lo advierten analistas del tema, es más que urgente la adopción de estrategias ejecutables para empezar a cerrar esa brecha regional que también afecta otras áreas de Colombia. Por lo pronto, el Plan de Desarrollo (PND) 2018- 2022, que en estos momentos estudia el Congreso de la República, contempla la atención a las regiones a través de una serie de pactos que contienen las principales necesidades de cada una.
El economista Oswaldo Olave explica que Colombia, a la luz de las estadísticas, presenta una caída de los niveles de pobreza del 49,7% en el 2002 al 27% en 2017, lo que lamentablemente se nubla con otros indicadores que comprometen un cambio social favorable, que posibilite la equidad y calidad de vida digna de sus habitantes.
'El Plan Nacional de Desarrollo debería trazar un curso de acciones que luche contra los obstáculos que precipitan el estancamiento de la productividad, el incremento de la economía subterránea e ilegal, aumento de la corrupción, la percepción de impunidad, las inmensas brechas de los desarrollos socioeconómicos regionales, la pobreza de la población rural, la inmensa informalidad laboral, la inestabilidad en los procesos y costos tributarios', plantea.
El académico mira positivamente el hecho –a su juicio novedoso–, de que la iniciativa incluye los compromisos de desarrollo de Colombia como potencia bioceánica y que se resalte el conocimiento del Caribe como un faltante en las transformaciones para la igualdad y la equidad. Considera que todo esto puede viabilizarse si el Gobierno logra construir los pactos con todos los sectores, reconociendo e incorporando la aspiración de paz de la inmensa mayoría de la población colombiana y en cumplimiento del artículo 22 de la Constitución que indica que 'la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento'.
La doctora en Ciencias Políticas Shirley Acuña explica que, en el caso de la Costa Caribe, en lugares como Montería, por ejemplo, el PND proyecta bajar el índice de pobreza extrema del 7,4% (porcentaje de 2017) al 4,4% (esperado para el 2022), lo que se traduce en un aproximado de 3 millones de personas que saldrían de la pobreza extrema.
'Históricamente –sostiene–, el PND siempre ha perseguido y tenido como fin esencial reducir la pobreza en las regiones donde se ve más remarcada, pero esta meta fijada por medio de una política equitativa y social, parece que solo puede materializarse en el papel dado que la práctica y la realidad son muy distintas'.
Acuña, quien es docente de la Universidad Simón Bolívar, trae a colación un planteamiento del director de Barranquilla Cómo Vamos, Manuel Fernández Ariza, que advirtió que mientras el Plan Plurianual de Inversión del PND Bogotá, que tiene un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de 9,2%, tiene previsto recibir un total de 14,3 millones de pesos por habitante (por el PND), el Atlántico, con un NBI de 24,7%, recibirá tan solo 12,6 millones de pesos por habitante, y lo mismo se repite incluso con otros departamentos como Caldas que tiene NBI de 17,8% y recibe 15 millones de pesos por habitante o Santander que, con un NBI de 21,9% recibirá 16,2 millones de pesos por cada habitante.
Para Acuña, por esa marcada desigualdad entre el Caribe y las otras regiones del país, 'surge la necesidad de exigir una reivindicación, no solo por cuestiones económicas, sino también para exigir que se honre el pacto de equidad sobre el que se fundamenta el PND 2018-2022 y obligar al Estado colombiano a que distribuya los recursos de forma equitativa y proporcional, guiándose por la razón y la objetividad, no por intereses políticos, y teniendo en cuenta el principio de no discriminación e igualdad ante la ley que permea todo aquel que se encuentra en su jurisdicción'.
Recalca que, como está diagnosticado, la región Caribe tiene grandes problemáticas sociales y económicas que generan su desigualdad social, falta de acceso a condiciones laborales dignas, educación de calidad, salud, servicios domiciliarios básicos, desnutrición infantil, corrupción, entre otras, que deben ser atendidas como un compromiso estatal.
Educación: cobertura y pertinencia. Una de las áreas considerada por los académicos como clave para enfrentar la inequidad social es la educación. En concepto de la doctora en Ciencias Pedagógicas, Cecilia Correa de Molina (investigadora emérita de Colciencias), la primera línea de trabajo en este frente debe ser la cobertura, pero una concepción y práctica de cobertura integral, es decir, que asuma la diversidad para la inclusión desde la perspectiva sociocultural, humana, económica y ambiental, preservando la unidad. Un tipo de educación, que responda a las lógicas de los tiempos actuales, lo cual demanda una práctica formativa que atienda los desafíos locales, regionales y globales en la perspectiva de un desarrollo humano integral y contextualizado.
'El Caribe es una región muy heterogénea y diversa: tenemos un gran conglomerado de familias indígenas ancestrales en la Sierra Nevada de Santa Marta, en La Guajira, en Córdoba, Bolívar, incluso, en el Atlántico; de igual manera, la profunda riqueza cultural de la población campesina, la cual en su contexto territorial, en el marco de sus valores, requiere ser atendido por la educación. Entonces, una concepción y práctica de cobertura educativa, no debe desconocer estas particularidades regionales, sin desmembrarlas de la totalidad nacional y latinoamericana, ese debe ser el verdadero sentido de la cobertura y la inclusión, basada en las necesidades reales de la población', sostuvo.
De la mano de la cobertura debe ir, a juicio de Correa, la calidad integral de la educación, a fin de que las comunidades sientan que la formación que están recibiendo, responde a las exigencias del presente y del futuro. 'Debe ser –agrega– contextualizada, que responda a los desafíos del momento histórico que estamos viviendo'.
