El presidente Iván Duque sancionará este sábado en Valledupar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, que trae, entre otras cosas, la sobretasa de $4 por kilovatio para los estratos 4, 5 y 6 de todo el país, que será usada para la solución a la problemática del servicio de energía eléctrica en el Caribe.
La conversión en ley de la hoja de ruta para los cuatro años del duquismo se hará durante el Taller Construyendo País 32, que se realizará en el Colegio Comfacesar, en la capital vallenata. Después de esta rúbrica, informó la Presidencia, representantes de organizaciones sociales, gremios y grupos étnicos también refrendarán, de forma simbólica, con sus firmas el Plan.
Al respecto, la barranquillera Karen Abudinen, alta consejera presidencial para las Regiones, señaló que 'lanzar este pacto en Valledupar es una forma de reafirmarle al país que el verdadero desarrollo nace en las regiones, dialogando y construyendo en equipo'.
Precisamente, para el Cesar el PND tiene previstos $22 billones, de los cuales $12,8 billones se invertirán en el Pacto por la Equidad, que prioriza la educación y propone la construcción de infraestructura educativa rural, la formación agrícola y ambiental, y el fortalecimiento de la educación superior con el programa ‘Generación E’.
'Con estos recursos vamos a generar oportunidades, equidad, legalidad, emprendimiento, conectividad y logística necesaria para la atención a la población durante los próximos cuatro años', explicó Abudinen.
El Plan trae 336 artículos, 25 pactos estructurales y transversales, con inversiones por $1.096 billones, de las cuales el 47% se destinarán a lo social. Al pacto por la equidad se destinan $510,1 billones, al pacto por la legalidad $132,7 billones y al pacto por el emprendimiento $27,1 billones.
Lo que trae el PND
El Plan indica que la sobretasa de $4 por kilovatio hora también se aplicará a los usuarios industriales y comerciales, con el fin de financiar los fondos que salvarían a Electricaribe. Por ello los grandes consumidores de energía, afiliados en la Andi y Asoenergía, critican la medida. Y se oponen a que el Ejecutivo cambie el tope máximo de participación de una electrificadora en el mercado, de 25% a 35%, para que la italiana Enel y EPM, que poseen más de 20% del mercado de comercialización de energía, puedan ir a la pelea por Electricaribe, o mejor dicho, CaribeSoL y/o CaribeMar.
Además de la sobretasa de Electricaribe, se incluye en el PND el incremento de los aranceles a la ropa. En concreto, se trata de un arancel del 37,8% a la ropa que entre al país por menos de USD20 por kilo, y de otro de 10% más USD3 por kilo a la ropa que llegue por debajo de ese precio.
También se encuentra la creación del Puerto Tribugá, en el Chocó, en medio del cual hay una polémica por temas económicos y ambientales sobre la viabilidad del proyecto. Y en el Valle del Cauca se quejan por el riesgo ambiental que representa un nuevo puerto y dicen que no se necesita otro puerto en el Pacífico que le compita a Buenaventura.
Las empresas del sector eléctrico, así mismo, enviaron una carta a Duque pidiendo eliminar el artículo que obliga a los distribuidores de energía eléctrica a comprar el 10% de fuentes no convencionales, como el sol y el viento, que no gusta a distribuidores como Codensa o EPM, que piden que la próxima subasta de fuentes no convencionales venga con contratos a largo plazo y condiciones más estables que haga más atractiva la compra a los comercializadores.
Con la entrada en vigencia del articulado, de igual forma, empezará a regir el hecho de que los empleadores no asumirán el pago de los aportes de seguridad social de sus trabajadores independientes. En el Gobierno pasado se había expedido un decreto que decía que a partir del 1 de junio de 2019 los empresarios debían empezar a retener los pagos de salud, pensión y riesgos laborales a los trabajadores con contratos de prestación de servicios, pero en el PND se cayó tal disposición.
El Plan, igualmente, creó el piso de protección social para personas con ingresos menores a un salario mínimo, al que deberán vincularse quienes trabajan por tiempo parcial y que, por tanto, reciben menos de un salario mínimo legal mensual vigente.
También se dan una rebaja en el IVA a los precios de la gasolina, la creación del esperado Fondo de Estabilización de Precios del Café y la ampliación del pago por servicios ambientales a través de sobretasas.
