La polémica por la demolición del edificio Aquarela sigue creciendo. Mientras que el procurador General, Fernando Carrillo, manifestó que esta es necesaria y que es una obligación; el alcalde de Cartagena, William Dau, afirmó no haber recibido ninguna orden judicial en tal sentido.
El procurador en una carta, enviada el pasado 26 de junio, reiteró las conclusiones del estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) que calificó como 'preocupantes y contundentes en cuanto al grave riesgo que para la seguridad ciudadana tiene la existencia de esta edificación, y por ello la necesidad de adoptar medidas urgentes, toda vez que, ante el estado de cosas actual, esta construcción también pone en riesgo la seguridad y la vida de los habitantes de Cartagena'
De hecho, a través de su Twitter, manifestó: 'Demoler el edificio Aquarela es una obligación, porque seis acciones legales así lo determinaron para proteger el patrimonio cultural y la seguridad de los ciudadanos'.
Sin embargo, Dau señaló que no existen decisiones judiciales que le ordenen demoler el Edificio Aquarela. 'A la fecha cursan seis procesos (entre judiciales y administrativos), en torno a la situación del Edificio Aquarela, dentro de los cuales únicamente está en firme la decisión de la Inspección de Policía proferida dentro de un proceso policivo, cuya orden es la recuperación y restitución del espacio público indebidamente ocupado, lo que no implica per se la demolición de la estructura', precisó el alcalde de Cartagena.
Añadió que las demás acciones legales a las que se refiere el Ministerio Público no han concluido y que, por tanto, no hay una orden judicial de demolición.
Sobre el documento presentado por la SCI, el alcalde refirió que a pesar de que este afirma que el edificio no cumple con normas técnicas, no concluye que se deba proceder a demoler la estructura. 'Tampoco indica que exista un riesgo inminente para la ciudadanía, estudio que además debe ser considerado por las autoridades competentes dentro de un proceso', precisó Dau.
En este sentido, recordó que la Alcaldía actúa en cumplimiento a las decisiones que correspondan, pero teniendo seguridad jurídica de que las ordenes provienen de una autoridad competente, dentro de un proceso ejecutoriado y en firme. En tal momento, aseguró que su administración no dudará en hacer cumplir la orden. 'Sin embargo, en su servicio por la ciudad de Cartagena, y abanderado de la defensa de lo público, no puede incurrir en ligerezas que comprometan la responsabilidad de la administración distrital', expresó la Alcaldía a través de un comunicado.
De igual forma, hizo un llamado a la Ministerio Público y a la Fiscalía General de la Nación: 'Invitamos respetuosamente al señor procurador General de la Nación y a la Fiscalía General, a que en cumplimiento de sus deberes constitucionales impulsen los procesos sancionatorios iniciados en torno al edificio Aquarela, lo cual sin duda sentaría precedentes que cooperarían a que en Cartagena no se repitan actuaciones similares en materia urbanística y de construcción. El edificio Aquarela es la consecuencia no la causa'.
En medio de la polémica, el alcalde puso de presente que la demolición del edificio no debería recaer sólo en el Distrito, ante la ausencia de órdenes que así lo dispongan. Por lo que pidió al procurador revisar si en efecto la solicitud puntual de demolición sí está amparada jurídicamente.
'Una orden de demolición verbal dada ante los medios de comunicación no tiene fuerza jurídica', reiteró el alcalde Dau.
