Al menos 9 mandatarios locales en la Costa ya no están en el cargo, a pesar de que su periodo administrativo comenzó apenas el pasado 1 de enero. Algunos de ellos fueron suspendidos provisionalmente y otros tienen hasta detención por líos judiciales.
En el departamento de Sucre, por ejemplo, en el municipio de San Benito, Manuel del Cristo Cadrazo Salcedo fue elegido alcalde estando en prisión. De hecho, aún permanece en el centro carcelario debido a que la Fiscalía General lo investiga por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
También su esposa, Milagro Martelo, está involucrada en los hechos y tiene casa por cárcel en una de las tantas propiedades que están en poder del ente investigador.
Juan Manuel Hoyos, alcalde electo de Betulia, desde el pasado 15 de julio tiene casa por cárcel por presuntos hechos de corrupción cometidos en el contrato de adquisición de los kit de alimentos que fueron distribuidos a la población más vulnerable en el inicio de la pandemia. Compró mil mercados antes de firmar el contrato.
Así mismo, otros dos mandatarios locales fueron suspendidos tras sanciones impuestas por la Procuraduría General.
Es el caso de Teódulo Cantillo Martínez, alcalde electo de San Onofre, que solo gobernó hasta el 10 de febrero porque fue suspendido por un proceso electoral.
Cantillo estaba inhabilitado para aspirar al cargo porque su hermana es la representante legal de una empresa de salud que contrata con el ente territorial.
Y durante la pandemia, la alcaldesa de Sucre-Sucre, Elvira Julia Mercado Acevedo, fue suspendida por tres meses por la Procuraduría General por haber hecho una fiesta el pasado 3 de mayo en el municipio.
Según el Ministerio Público, Mercado violó la cuarentena decretada por la emergencia sanitaria.
