La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación del Programa de Salud de Comfamiliar Cartagena y Bolívar, por los riesgos de insolvencia, liquidez y déficit patrimonial que afectan la prestación de los servicios a los usuarios.
Según explicó el delegado para las Medidas Especiales de la Supersalud Germán, Augusto Guerrero, los 137.000 afiliados que están en la caja, serán trasladados a otras EPS que les garanticen una atención con calidad y oportunidad.
Indicó que este traslado será a partir del primero de diciembre y se hará a EPS que no tengan ninguna dificultad financiera o que sean objeto de alguna medida por parte de la Supersalud.
'La decisión adoptada por la entidad de control se debe a que Comfamiliar Cartagena no ha logrado resolver los hallazgos que dieron origen a la medida preventiva de vigilancia especial desde hace cuatro años, lo que representa un riesgo para la correcta atención de sus afiliados, en Cartagena y otros 19 municipios de este departamento', indicó el funcionario.
Esta medida preventiva la había ordenado el organismo desde agosto de 2016, luego de lo cual se realizaron 8 prórrogas de esta, sin embargo, la entidad finalmente no pudo corregir su desempeño ni subsanar sus problemas administrativos, financieros, contractuales y asistenciales.
Guerrero indicó que el saldo del pasivo de la EPS al cierre del mes de agosto fue de $189.419 millones y el patrimonio de -$119.966 millones.
'Presenta un nivel de endeudamiento de 273%, reflejando una alta participación del pasivo total frente al activo total, donde la entidad adeuda más de 2 veces el valor de su activo', agregó.
Dijo que la Supersalud evidenció que la EPS no adelanta las acciones correspondientes para identificar, depurar, conciliar y pagar las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios de salud. También, el Programa de Salud de Comfamiliar incumple con las condiciones financieras y de solvencia, de capital mínimo, patrimonio adecuado y régimen de inversiones de las reservas técnicas.
La Superintendencia hizo seguimiento al componente técnico- científico de la EPS e identificó que los mayores motivos de radicación de quejas de los usuarios son la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos y la falta de oportunidad en asignación de citas de consulta médica especializada.
Así mismo, presenta cifras elevadas de mortalidad materna, mortalidad perinatal, mortalidad en menos de 5 años por enfermedad respiratoria aguda y en otros 12 indicadores, que demuestran una inaceptable gestión en riesgo en salud.
'De los 5 indicadores en seguimiento para la gestión del riesgo del cáncer de cérvix y mama, presenta incumplimiento en 4 indicadores. Sumado a esto, se evidencia una cobertura insuficiente en los servicios de baja complejidad: consulta de medicina general, odontología general y el servicio de laboratorio clínico', indica la Supersalud.
En cuanto al desempeño frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, presenta un bajo porcentaje de entrega de medicamentos en el domicilio a usuarios mayores de 70, con porcentajes que oscilan entre el 1 y 5% para los meses de abril a septiembre de 2020.
Según explicó Cesar Humberto García Jaramillo representante legal de y liquidador de la EPS, la ley les dará dos años para ordenar los pagos a todos los prestadores de la red pública y privada.
'Lo más importante es que los usuarios sepan que continuarán recibiendo el servicio de manera normal y luego serán trasladados a otras EPS', enfatizó.
'Las EPS que acojan a estos usuarios y a sus familias deberán garantizarles una atención óptima en toda su red de prestación de servicios, que les permita a los afiliados contar con sus medicamentos al día, consultas especializadas y la continuidad de sus tratamientos', destacó Guerrero Gómez.
Agregó que con la liquidación del Programa de Salud Comfamiliar Cartagena y Bolívar, serán nueve las EPS que han salido del sistema en los últimos años y se completan cerca de 3.2 millones de usuarios que han podido estrenar un mejor servicio de salud en todo el país.
