Un fallo lleno de esperanza. Eso significa para 160 familias (unas 646 personas) en Suan, Atlántico, la sentencia de la Corte Constitucional que ordena a la administración municipal garantizar el derecho a una vivienda digna a los ocupantes del asentamiento ‘La Mano de Dios’, que en su momento fueron desalojados del predio pese a su condición de víctimas del conflicto, migrantes, retornados y otros grupos poblacionales de alta vulnerabilidad.
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Todo este caso se remonta al año 2018, cuando un grupo de personas –entre desplazados por la violencia, retornados y hasta suaneros– decidió tomar posesión de un predio baldío y que pertenecía al municipio, para poder levantar un techo donde dormir ante las dificultades que la vida misma les impuso.
Una de las historias es la de Miriam Caicedo Ruiz, a quien el conflicto armado la obligó a salir de su tierra, en el departamento del Vichada, y desplazarse para ponerse a salvo junto a sus cinco hijos. Esta madre cabeza de hogar llegó a Suan en el año 2013 y desde entonces quedó radicada en territorio atlanticense.
'Salí desplazada debido al peligro y al conflicto, decidí quedarme en Suan porque era un municipio tranquilo, más sano y seguro para mis hijos', dijo.
Su vida —como lo refirió– ha sido una constante lucha. Sostener un hogar sola no es tarea fácil y para el año 2018 la necesidad nuevamente la arrojó a tomar una medida desesperada, ocupar el predio para levantar una improvisada casa y así asegurar un lugar donde sus hijos pudieran tener un techo donde dormir.
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'Fui una de las primeras que ingresó al terreno y viví por un tiempo tranquila, dentro de lo que cabía, porque ya no tenía que pensar en cómo conseguir dinero para pagar un arriendo o servicios públicos. Nos tocó muy duro porque no recibimos ningún apoyo ni de la administración municipal, ni de nadie', contó.
Milton Montes Rivero también es víctima del conflicto armado. Salió de Ovejas, Sucre, huyéndoles a las amenazas y a las balas que los grupos armados ilegales emprendieron en su momento contra la población. Con sus padres llegó a Suan y fue en este territorio que formó su propia familia con su esposa y dos hijos. Entró a formar parte del asentamiento y atravesó nuevamente otro desplazamiento en 2022, cuando fueron desalojados.
'Si la Corte Constitucional falló a nuestro favor, la administración municipal debe cumplir la sentencia porque nosotros también somos seres humanos y tenemos derecho a una vivienda digna para nuestros hijos', anotó.
Al igual que Caicedo y Montes, muchas otras familias que atravesaban por situaciones complejas por falta de empleo y vivienda llegaron al predio buscando un lugar. Armaron sus casas con madera y otros materiales, llevaron de manera improvisada energía al asentamiento, el agua fue cedida por vecinos de la urbanización cercana y trasladada en tanques hasta los ranchos, se carecía de otros servicios esenciales y hasta de la oferta en salud.
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'Fuimos excluidos de la sociedad e invisibles para la administración. Para nosotros nunca hubo ayuda, ni para las personas en condición de víctimas. Pasamos mucho trabajo con las lluvias, porque se nos inundaban los ranchos. Muchas de las familias carecieron de alimentos, luz, agua y hasta de salud, porque no contábamos con Sisbén', relató Wendy Camargo, suanera de 40 años y quien también hizo parte del asentamiento.
