Un suntuoso parque recreacional con piscinas, una casa de la cultura de tres pisos, un mercado público, y un sinnúmero de contratos de suministros, obras de saneamiento básico y otras menores han servido para que La Jagua de Ibirico sea calificado como uno de los municipios más robados del país.
A pesar de los más de $600 mil millones que ha recibido en regalías, sigue siendo una localidad con gente necesitada y altamente afectada por la contaminación que genera la extracción y el transporte del carbón por la zona.
Su historia en despilfarro de los dineros públicos supera a Chiriguaná. En las últimas dos décadas, los alcaldes han gastado tanta plata, que de haber sido bien invertida, fuera un municipio modelo de gestión y desarrollo; pero lo que se encuentra es diferente: pobreza y atraso.
La Jagua de Ibirico tiene antecedentes de corrupción que parecen sacados de la ficción, pero lo cierto es que no son más que la materialización de la imaginación de quienes han tomado sus riendas para desviar los dineros que debieron parar en la satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes.
EXCENTRICIDADES DE LA RIQUEZA. Gustavo Arias, habitante de La Jagua de Ibirico, expresa con un dejo de nostalgia que “muchas casas se hubieran construido para la gente más necesitada con las regalías que se malgastaron en obras costosas que realmente no se necesitaban”.
A sus espaldas está el centro recreacional, que tuvo una inversión de 5 mil millones de pesos y jamás se terminó. Hoy es una ruina enmontada en la que se encuentran hierros oxidados y las piscinas convertidas en criaderos de sapos y mosquitos, además de ser una especie de baño público para gente de la calle. Su construcción fue contratada por el entonces alcalde Hernando Díaz.
La Casa de la Cultura, también obra de Díaz, está aún sin terminar después de 11 años. Lo curioso es que sin terminarse, en 2003, otro exmandatario, Octavio Vides, ordenó contratar unas cortinas para las instalaciones que estaban en ruinas. El CTI lo capturó luego de que se determinara en la investigación como responsable de peculado, debido a que no solo no cumplió el objeto contractual, sino que de un valor real de 15 millones, pagó $60 millones, con un sobrecosto del 300%.
El mercado público sirvió de albergue a familias desplazadas que llegaron a la cabecera huyendo de la violencia. Las instituciones educativas también han sido ‘excusa’ para la evaporación de los recursos, por ejemplo en el colegio José Guillermo Castro, se han gastado más de 5 mil millones de pesos en aulas nuevas y remodelaciones, pero su estructura no se compadece con los dineros invertidos.
Las obras de acueducto y alcantarillado tampoco terminan, aún el pueblo no tiene servicios óptimos. Sumado a ello el inconformismo de los lugareños por la falta de oportunidades. “Aquí se la pasa uno luchando por la vida. La fuente de empleo son las minas y el trabajo se lo dan a gente de afuera, no hay agua potable y cada vez que llueve se va la energía”, señaló Hernán López, un vendedor estacionario en la plaza principal.
Luz Enith Torres, otra lugareña, coincide en que La Jagua de Ibirico está plagada de inversiones mal hechas. “Aquí los colegios los tumbaban y los reconstruían para quedarse con la plata”, señaló.
GOBIERNOS NEFASTOS. En los últimos 15 años, los alcaldes de este municipio han sido investigados, destituidos, inhabilitados y puestos tras las rejas. La relación de mandatarios cuestionados comienza con Ana Alicia Quiroz, quien gobernó entre 1998 y 2000. Fue capturada en 2001 por dilapidar $1.000 millones.
La ex Alcaldesa terminó condenada a cinco años por contratación indebida. La plata la justificó con arreglos florales, refrigerios y bonificaciones a escoltas. La Contraloría comprobó que la entonces mandataria malgastó los dineros, pagó asesorías, compró lubricantes y combustible para vehículos, entre otras situaciones.
En el pueblo aun recuerdan a Hernando Díaz, quien gobernó en el periodo 2001-2003. Se le conoció como el alcalde que repartía ‘billete’ a quien le pedía. “Uno le decía que no tenía para el desayuno y enseguida le daba la plata”, dijo un habitante.
Era como si manejara una caja menor para quienes lo esperaban fuera del palacio municipal para exponerle sus necesidades. Llegó a pasar dineros de las regalías a cuentas bancarias de su mujer. Fue capturado y recluido en la cárcel judicial de Valledupar.
Elegido para el periodo 2004 y 2007 Osman Mojica tomó las riendas del municipio. Fue hallado culpable por contratación indebida, peculado por apropiación por firmar contratos inexistentes por $3.827 millones y concierto para delinquir por presuntos nexos con grupos ilegales. También fue llevado a prisión.
Mojica fue destituido y en su reemplazo asumió Edinson Lima, quien en tan solo tres meses gastó $27 mil millones en obras sin planificación. También adquirió costosos bienes. Resultó condenado a prisión por malgastar el erario.
Urgencia manifiesta
La cadena de irregularidades continuó con Alfonso Palacio Niño, alcalde para el periodo 2008-2011, luego que fuera investigado y destituido por haber declarado una urgencia manifiesta para contratar de manera directa, con sobrecostos y sin el lleno de requisitos.
Según los organismos de control, Palacio contrató con proveedores y establecimientos comerciales inexistentes. Este mandatario también impulsó millonarias obras en corregimientos que están próximos a ser reubicados por la expansión del carbón. Ahora la atención se centra en los $51 mil millones que recibirá el Municipio este año y los $200 mil millones aun siguen ‘congelados’.
Por Miguel Barrios
