La discusión sobre si despenalizar el aborto en el país durante los tres primeros meses de embarazo empezó este miércoles en la Sala Plena de la Corte Constitucional con una nueva recusación y una denuncia contra seis de los nueve magistrados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Dolores Gnecco, directora de la Fundación Camino, recusó a los togados más liberales del alto tribunal: Alejandro Linares, Alberto Rojas Ríos, Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Gloria Ortiz y José Fernando Reyes Cuartas, quienes en 2018 se negaron a limitar en el tiempo el aborto legal, al considerar que sería otra barrera más para las mujeres que quieran practicarse una interrupción voluntaria del embarazo.
Gnecco, quien no recusa al ala conservadora de la Corte, en la que se encuentran Luis Guillermo Guerrero, Cristina Pardo y Carlos Bernal, argumenta que los seis magistrados tienen interés en el asunto y que eso afecta su imparcialidad a la hora de estudiar la demanda, por lo que deben apartarse de la discusión.
Con estas recusaciones al alto tribunal le tocaría nombrar conjueces antes de votar si el recurso prospera o no.
Esta nueva recusación se suma a las que ha presentado en las últimas semanas la abogada Natalia Bernal, autora de la demanda que estudia el alto tribunal y que pide penalizar totalmente en Colombia la interrupción voluntaria del embarazo y tumbar las tres causales legales para abortar: malformación de feto, violación y peligro para la salud de la madre.
Los recursos, que fueron negados, iban contra el magistrado Linares, ponente del caso y quien solicita la despenalización durante el primer trimestre del embarazo, y contra el magistrado Lizarazo.
Además, dentro del estudio de la demanda se pidieron medidas cautelares para que dejaran de practicarse abortos en el país y se solicitó anular la ponencia.
Entre tanto, hace dos semanas el presidente de la Fundación Marido y Mujer, Javier Suárez, denunció ante la Comisión de Acusaciones, por los delitos de fraude a resolución judicial, fraude procesal y prevaricato por acción a los seis magistrados que estarían a favor de quitarle peros a la interrupción voluntaria del embarazo.
El denunciante advierte que en el fallo de 2018 estos togados le ordenaron al Ejecutivo y al Legislativo reglamentar el aborto 'sin que exista norma positiva o ley como fundamento de la materia'.
De otro lado, el senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, anunció que presentará un proyecto para ponerle un límite de cuatro meses a la práctica del aborto. Esto luego de que el alto tribunal constitucional le ordenara al Capitolio regular la interrupción voluntaria del embarazo en el país.
El martes de la semana pasada Linares entregó a sus colegas la ponencia y, por ello, un día después se convocó a las afueras del Palacio de Justicia una manifestación de los denominados 'provida', liderados por dirigentes políticos del Centro Democrático.
Proponen crear bancada 'provida'
El director ejecutivo del partido Colombia Justa Libres, David Reyes, sugirió que hay 'toda una industria' detrás de la despenalización del aborto en Colombia. 'Es un tema de fondo bastante crítico. En el mes de octubre del año pasado, la Corte falló para despenalizar la donación de tejidos de fetos. Creemos que es una línea de acción estratégica, pensada, definida y no son hechos aislados. Habría que preguntarse quiénes se benefician con esa industria'. Así mismo, convocó a las diferentes fuerzas políticas para organizar una bancada 'provida'. 'Pedimos que se vote negativa la ponencia del magistrado Linares, porque no recoge los planteamientos de lo que el país necesita. Pedimos que se revisen las políticas públicas de salud para la temática del embarazo no deseado', precisó.
