Una fuga masiva de jóvenes infractores que estaban recluidos en el municipio de Tolú (Sucre) evidenció ayer la crisis que afronta el Sistema Penal para Adolescentes en Sucre, donde no hay un sitio de propiedad del Estado que se encargue de ellos.
Los menores evadidos son ocho, confirmó Ariel Alvarado, alcalde de Tolú, quien aseguró que la situación en el Centro de Internamiento Preventivo, donde se registró la fuga, es recurrente porque los internos se sienten inconformes por las condiciones del sitio. Todos fueron nuevamente aprehendidos y remitidos a un reclusorio de paso en Sincelejo.
'Se están saliendo, se van a la playa e inclusive algunos han atracado. Eso nos tiene preocupados, los últimos que se salieron no cometieron ningún tipo de delito. No hay personal suficiente para la atención ni vigilantes', explicó el mandatario.
Ese reclusorio es operado por una fundación a la que el gobernante le advirtió de que si no corrige fallas tan graves como esta, le terminará el contrato que es por un año y finaliza en diciembre.
Este caso se conoció en la Gobernación de Sucre, en una reunión del Consejo de Política Social, donde Fabiola Palencia, directora encargada del Bienestar Familiar en el departamento, se mostró preocupada por la suerte de los menores infractores, por lo que urgió a las administraciones a tomar los correctivos.
'Desde el 1º de octubre estos jóvenes y todos a los que los jueces le impongan la medida de internamiento preventivo se van del departamento, son alejados de su familia y llevados a Asomenores, en Turbaco (Bolívar)', indicó Palencia.
Judith Cervantes, defensora de Familia del Bienestar Familiar, señaló que los centros de internamiento preventivo son solo una solución a corto plazo, pues los menores pueden durar hasta cuatro meses allí, pero hay problemas cuando se necesite atención especializada en el caso que haya un fallo por uno o dos años de sanción, y Asomenores no tiene la capacidad instalada.
Máximo Vergara Ruz, secretario de Planeación de Sucre, de quien el Bienestar esperaba la buena noticia del inicio de la construcción del Centro de Formación Juvenil para el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, dio a conocer que aunque existe un lote en Sampués, el Gobierno nacional aplazó el giro del 30% de las regalías para los departamentos y el proyecto está estancado.
Este centro, agregó el funcionario, fue estructurado y presentado el 18 de marzo de este año al Órgano Colegiado de Administración de Regalías del Caribe (Ocad) por un valor de 9 mil 574 millones de pesos, de los cuales el Fondo de Compensación Regional aportaría 7 mil 264 y la Gobernación de Sucre 2 mil 300 millones de pesos.
