Un mes después de que la Policía le decomisara una cifra cercana a los $500 millones al excongresista Yahir Acuña Cardales, el Juez I Penal Municipal de Sincelejo le negó la devolución del dinero en la audiencia de solicitud de bienes.
La Fiscalía consideró que antes de la acusación y en un término no superior a 6 meses serán devueltos los recursos incautados a quien tenga derecho de recibirlo, siempre y cuando no sean necesarios para la indagación.
Pero hasta el momento, el ente acusador se encuentra haciendo investigaciones que verifican la procedencia y la licitud del dinero, por lo que deben tener asegurado los elementos materiales probatorios hasta tanto se llegue hasta el fondo de la investigación.
'Todavía existen órdenes a Policía Judicial que no se han hecho llegar como por qué no tenían los elementos que demostraban la procedencia lícita, máxime en tiempo de contienda electoral', acotó la Fiscalía.
La Policía el 23 de octubre en horas de la tarde le decomisó a Acuña el dinero que llevaba en una camioneta en la que se movilizaba junto a dos personas en la vía que de Corozal conduce a Sincelejo.
El abogado apoderado, Frank Montes Salazar, manifestó que la suma incautada a Acuña fue superior a los $487 millones, a pesar de que en el acta de incautación se dijo que era de $482. 381.000, sin embargo, al momento de la consignación se depositó el primer valor.
Resaltó que el dinero incautado es producto de la venta de unos bienes de Milene Jarava Díaz, esposa de Acuña, y quien para la fecha aspiraba a la Gobernación de Sucre.
Uno de los bienes que vendieron fue un apartamento en la carrera 30 número 23D-75 en Sincelejo por valor de $100 millones, negocio de retroventa celebrado entre Jarava y Diego Calderón Rodríguez en la Notaría Tercera.
Así mismo Jarava le vendió a Rafael Vergara Olmos el predio Villa Ángela, de 19 hectáreas, ubicado en zona rural de Chinú (Córdoba). Esto se realizó el 23 de octubre por 400 millones de pesos.
'No existen motivos fundados que permitan inferir la existencia de la comisión de una conducta punible porque hay pruebas de la procedencia del dinero', enfatizó la defensa.
Ese dinero, según la defensa, sería utilizado para gastos de campaña de Jarava, quien tiene deudas con Gráfica Génova, que superan los $355 millones y con quien además estableció un otrosí de contrato por $308 millones; y también por actividades de logística por $486 millones y un otrosí de más de $397 millones.
