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Sincelejo. Uno de los primeros actos de Édgar Martínez Romero como gobernador de Sucre ha sido pedirle al Gobierno Nacional que no intervenga el Hospital Universitario de Sincelejo (HUS).

El mandatario le envió una carta a Norman Julio Muñoz, superintendente de Salud, en la que le explica que necesita de un tiempo prudente para 'conocer y estudiar más a fondo los factores que incidieron en la crisis hospitalaria actual'.

'Reconocemos que en la actual crisis del ente hospitalario existió responsabilidad de la Gobernación de Sucre por actos administrativos anterior, la falta de apoyo y definición oportuna de políticas públicas en salud, hechos sobre los cuales asumimos el compromiso de evaluar, corregir y presentar alternativas', señaló Martínez.

Informó que el departamento ha sido notificado por el Ministerio de Hacienda de una nueva oportunidad para acogerse a un plan de saneamiento fiscal y financiero del HUS para lo cual tiene un plazo de 60 días.

Se trata de un documento conocido como Red, en el que el principal centro de Salud de Sucre, que está calificado en alto riesgo financiero, debe diagnosticar su problemática económica y asistencial para que pueda recibir la ayuda fiscal del Gobierno Nacional.

El Universitario no es el único hospital de Sucre en riesgo de quiebra. Los centros asistenciales de Buenavista, Caimito, Colosó, El Roble, Galeras, La Unión, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre, Tolú y Toluviejo también padecen graves problemas económicos, mientras que los de Corozal y San Marcos están calificados en riesgo medio.

Esta crisis será estudiada este jueves, a las 7:00 de la mañana en una reunión urgente citada por el gobernador y a la que deben asistir los gerentes de los hospitales mencionados, así como los secretarios de Salud de esos municipios.

Así lo recibe

Nadim Miserque Cárdenas, director de la Comisión de Empalme y asesor del gobernador Martínez, informó la semana pasada que el HUS debe más de 52 mil millones de pesos por conceptos laborales, demandas judiciales y pagos a terceros.

Los más de 300 empleados han sido los más afectados con esta crisis, puesto que a una gran parte de ellos les deben hasta un año de salarios, lo que ha desencadenado en numerosos paros.

Una de las mayores necesidades de la entidad es mejor su infraestructura física, la ampliación de la sala de urgencias, mayor capacidad tecnológica y desarrollar las unidades de cuidados intensivos tanto de adultos como de niños.