El fallo del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo que conmina al Estado a pagar una indemnización de 2,1 billones de pesos a favor de 44 mil víctimas del desplazamiento forzado que están asentada en el departamento de Sucre ha desatado diversas reacciones en el país.
Mientras la jefe jurídico del Estado, Juanita López, asegura que es un monto muy elevado que desestabiliza y que tiene algunas ‘perlas’, el abogado artífice de esta iniciativa, David Fajardo Cardozo, considera lo contrario.
Advierte el especialista en derecho constitucional que a cada víctima lo que corresponde son 50 millones de pesos y el pago del 10% de los honorarios para él no son una ‘perla’, y por el contrario son tasados por la ley cuando se refiere a acciones de grupo, como es este caso.
'La funcionaria del Gobierno lo que busca con esto es coaccionar al Consejo de Estado, y sus declaraciones lo que hacen es poralizar el proceso de paz porque no hay una claridad de cómo será la indemnización de las víctimas', le dijo Fajardo a EL HERALDO.
