Desde Sincelejo, donde presidió un consejo extraordinario de política social, la procuradora delegada para la Infancia y Adolescencia, Ilva Miriam Hoyos Castañeda, instó al Gobierno Nacional a repensar la forma cómo serán atendidos los niños que están en las filas de las Farc y aquellos que siendo niños fueron reclutados por esta organización.
La funcionaria se mostró preocupada porque no existe una cifra exacta de cuántos niños están en ese grupo armado ilegal, esto teniendo en la guerrilla de las Farc ha mentido sobre el reclutamiento de los menores de 15 años.
'No he hecho lectura de las investigaciones de la periodista Natalia Springer, pero sobre reclutamiento en este país puedo decir que es un tema que no ha sido mirado desde la óptica de los derechos de los niños y si ella afirma que las Farc ha mentido con relación al reclutamiento de niños es gravísimo porque las Farc han planteado el reclutamiento de un número muy reducido de niños. El Estado no tiene en estos momento una cifra exacta de cuántos pueden ser esos niños. Lo que sí se exige es que haya una mirada preferente porque los derechos de los niños prevalecen', dijo Hoyos Castañeda.
Apropiándose de este término, el alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep, invitó a la funcionaria para que sirviera de mediadora entre su administración y la dirección del Bienestar Familiar por el conflicto que se ha generado por la no firma de un convenio que pondría en marcha un proyecto piloto con niños de primera infancia.
El alcalde se ratificó en que fue notificado por el ICBF, vía correo electrónico, sobre la destinación de $1.500 millones para poner en marcha este proyecto en el que trabajaron en conjunto, pero de un momento a otro le informaron que no se realizaría por falta de recursos, lo que no ha sido de buen recibo de su parte y ha tildado al ICBF de no tener planificación ni compromiso con la niñez de Sincelejo.
Responde ICBF. El director (e) del ICBF en Sucre, Leonardo Pérez Medina, quien por primera vez habló en público sobre el tema por solicitud de la Procuradora Delegada, rechazó la forma cómo la Alcaldía se ha referido a este tema tildando a la institución de no querer a la niñez, y acto seguido explicó que no hay recursos y por eso no aplicaron el proyecto piloto en Sincelejo, pero anunció que realizan los esfuerzos para que sea replicado en todo el país.
Aprovechó su intervención –a pesar de que el tema del frustrado contrato era el único que debía abordarse– para decirle a la alta funcionaria que hay muchos casos de corrupción en Sucre al tiempo que relató que el jueves instauró una denuncia en compañía de unas madres comunitarias en contra un operador que está desviando los recursos destinados a la niñez.
También dijo que teme por su vida porque las actuaciones que ha realizado durante los dos meses que lleva en el cargo no han caído bien en algunos sectores y en razón a ello ha recibido amenazas y constantemente le llegan pasquines. Pese a ello sostuvo que sí quiere a la niñez, sí trabaja por ella y no se presta para que hablen mal del trabajo que realiza el ICBF.
Después de más de dos horas y media de deliberaciones y acaloradas intervenciones la procuradora Ilva Hoyos logró que Quessep desistiera de las acciones judiciales que tenía previstas contra el ICBF y de la queja que instauró ante ella, y anunció, tras una conversación telefónica con el nivel central del ICBF, la realización de una mesa de trabajo que ella coordinará con presencia de funcionarios de la dirección general de dicho ente que no solo expliquen por qué fracasó la firma de este convenio con Sincelejo, sino también qué se puede hacer para que el programa se aplique en el 2017.
