El escándalo sobre el supuesto ‘Cartel de la hemofilia’ en Sucre, que fue dado a conocer por la Contraloría General de la Nación, tomó un giro inesperado. Ayer fue revelado que la Gobernación de Sucre entre los años 2012 y 2015, durante la administración de Julio Guerra, pagó $2.900 millones por tratamientos y medicamentos a una IPS. Lo grave es que los pacientes serían ‘inexistentes’.
Cuando la comunidad e incluso el gobernador Édgar Martínez Romero habían pedido que cayera el peso de la ley sobre quienes estuvieran detrás de estos hechos, se conoció que el hematólogo Álvaro Calderón Gomesscáseres, uno de los testigos, se retractó de lo denunciado ante la Contraloría.
El médico, gerente de la IPS Fullsalud en Sincelejo, sostuvo en su momento que su firma fue falsificada en documentos relacionados con presuntos falsos pacientes de hemofilia. Sin embargo, hace pocos días se desdijo de estas afirmaciones en una declaración extrajudicial dirigida a la Gobernación de Sucre.
'Me permito humildemente expresar mis más sinceras disculpas ante ustedes, dado que una vez terminada dicha entrevista procedí a reunirme con mi auxiliar, quien me recordó que esos pacientes sí habían sido atendidos por mí', expresó ante la Notaría Tercera de la capital sucreña.
El gobernador Martínez sostuvo que se enteró de este hecho por los medios de comunicación y que no puede opinar sobre la veracidad o no de lo dicho por el médico.
'Nosotros creemos en lo que haga la Procuraduría y la Fiscalía y ahí se sabrá si fue cierto o no', manifestó el mandatario.
