Enfrentarse a una red dedicada a delinquir no es fácil y de esto es consciente el Fiscal 78 Anticorrupción de Bogotá, Daniel Díaz, quien detalló, ante la Jueza Cuarta Penal Municipal de control de garantía, Yinabel Tapia, el acervo probatorio de las investigaciones contra los primeros seis capturados por el sonado ‘cartel de los enfermos mentales’ en Sucre.
Además, anunció que la Fiscalía General enviará copias del proceso a la Corte Suprema para que investigue como presunto responsable al ex gobernador Julio César Guerra Tulena, porque durante su administración fueron pagados los $5.094 millones por tratamientos médicos a pacientes que no sufrían ninguna enfermedad mental.
Desde el miércoles a las 5:30 de la tarde, el ente acusador ha sacado todo tipo de pruebas para demostrar que hacen parte de dicho ‘cartel’ Ronaldo Herazo Bertel, contador personal del exgobernador Guerra; José Madera Lastre y Efraín Suárez Arrieta, ex secretarios departamentales de Salud; Samir Serpa Álvarez, auditor de esta dependencia; Ernesto González Ospino, representante legal de la Fundación Nuevos Amaneceres, y Luis Fadul Díaz, representante legal de la Fundación Nuevo Ser.
Después de que a todos les legalizaron la captura y les imputaran los cargos, por delitos como concierto para delinquir, ayer la Fiscalía solicitó a la jueza medida de aseguramiento en una cárcel contra Herazo, Madera, Suárez, Serpa y Fadul, argumentando que pueden 'obstruir la justicia', pues la mayoría de las pruebas no se han terminado de recaudar, no por culpa de la Fiscalía, sino porque los documentos que sirven para establecer la totalidad de lo que ha sucedido están en la Gobernación, la Secretaría de Salud o en las clínicas implicadas.
La Fiscalía considera que los cinco que deben ir a la cárcel 'son un peligro para la comunidad' porque los delitos imputados son graves, hablan de por sí de un 'concurso real y heterogéneo de conductas punibles' donde están comprometidos varios bienes jurídicos: la administración pública, el orden económico, la fe pública, la seguridad pública y el erario público.
'Cinco de estas personas tuvieron el manejo y disposición de todos estos documentos que hoy se necesitarían para establecer lo ocurrido en esta investigación', dijo Díaz.
