Para hoy se tiene previsto que el gobernador Édgar Martínez Romero adjudique el contrato de operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) por cerca de $19.000 millones al Consorcio Alimentar Sucre 2017, es por ello que el Comité de Veeduría Ciudadana Permanente le reitera que declare desierto el proceso contractual e inicie uno nuevo porque ese está plagado de irregularidades.
Francisco Mercado Martínez, uno de los veedores, a través de una comunicación que hizo llegar a este medio precisó que la Asociación de Bachilleres de la Comunidad Parroquial San Nicolás de Tolentino y la Fundación Villa Soñada, que integran el Consorcio Alimentar Sucre 2017, están cuestionadas por entregar alimentos incompletos y en el piso a los niños. Esto, dice el veedor, le atañe a la primera asociación que operó el PAE de Montería en el año 2016 a través de la Unión Temporal Educación Feliz.
Y con respecto a Villa Soñada, dice la veeduría, que manejó el PAE de Lorica (Córdoba) en el 2016 y también está cuestionada porque entre otras cosas, la dirección que aparece registrada en Cámara de Comercio corresponde a la de una local abandonado en Montería, además su representante legal es Manuel Apolinar Ávila Fuentes, 'hermano de Zunilda Ávila, contratista de los alimentos en Córdoba. Llegó recomendada por un ‘Gordo de la contratación’ al entorno de la casa política de la excongresista Zulema Jattin, y que ese ‘Gordo de la contratación’ era el verdadero poder detrás de la Fundación Enlace, la misma a la que la Secretaría de Salud de Lorica le encontró alimentos podridos'.
Ante estas situaciones y las presuntas irregularidades detectadas en el proceso precontractual, el Comité de Veeduría Ciudadana Permanente le pide al gobernador Édgar Martínez Romero que 'impida que este cartel de operadores no ingrese al departamento de Sucre, por la salud y nutrición de los niños, niñas y adolescentes que serán beneficiados con el PAE'.
