La Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial (Asonal) en Sucre hizo un duro pronunciamiento por la sanción a una jueza y la queja a una abogada por demandas billonarias contra el Estado.
Roviro Góez Barragán, presidente de Asonal, manifestó su preocupación por estos hechos e hizo énfasis en el caso de Ligia del Carmen Ramírez Castaño, juez Séptima Administrativa Oral del Circuito de Sincelejo sancionada por 90 días, y aseguró que se le violó el debido proceso y el derecho de defensa.
Ramírez fue sancionada por la magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura Orlix Ricardo Álvarez, porque condenó a la Nación a pagar 2.1 billones como reparación a las víctimas de Sucre y Córdoba por el desplazamiento forzado y la falta de atención del Estado.
Además el fallo que profirió ramírez contemplaba el pago del 10% al abogado que presentó la acción de grupo, David Fajardo Cardozo, por concepto de honorarios.
'Todas las manifestaciones que se han hecho a nivel de Bogotá creemos que son persecuciones en la que se está privando de la autonomía e independencia que debe tener todo juez para pronunciarse en las providencias', explicó.
Añadió que también le sorprende caso de la abogada Ana Karina Pacheco, a quien la Agencia de Defensa del Estado le radicó una queja ante la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura, por unas demandas contra el Estado.
'Están hablando de que hay un cartel, no se puede hablar en esos términos porque los abogados no se pueden negar a recibir el poder de las víctimas para reclamar sus derechos y los jueces no pueden negarse ante el procedimiento', puntualizó.
El presidente nacional de Asonal, Freddy Machado, llegará a Sincelejo el 27 de junio y en junta directiva tratarán esta problemática, al tiempo que la pondrán en conocimiento de organizaciones internacionales como la OIT.
