El presidente de la veeduría Sincelejómetro, Norbey Moreno Romero, instauró ante el Consejo de Estado una acción popular en contra de la Presidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado de Paz, Despacho del Ministro Consejero para el Post-Conflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Ministerio de Justicia y del Derecho y la Misión de la ONU en Colombia con la cual pretende que se protejan unos derechos a las víctimas de las Farc.
La acción popular bajo el radicado 11001031500020170219100 le fue asignada al magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, quien deberá estudiar el caso en el que el veedor plantea la necesidad de garantizar a las víctimas del conflicto, para evitar que no se quebrante el sistema de cadena de custodia, mantener inerme las pruebas judiciales que permitan el esclarecimiento de la verdad.
Esto supone que las 8.907 armas de fuego que a fecha 15 de agosto de 2017 estaban en posesión de las Farc deben ser sometidas antes de la fundición por parte de la ONU, a los estudios en los Laboratorios de Balística Forense de la Fiscalía.
Dice el veedor que a las 8.112 armas entregadas voluntariamente para su fundición y posterior realización de tres monumentos que serán ubicados en New York, Cuba y Colombia, se le adicionan las 795 extraídas de caletas enterradas por dicha organización guerrillera.
'En pocas palabras, si las armas de fuego que estaban en posesión de las Farc son sometidas a la recopilación de pruebas mediante el Sistema Integrado de Identificación Balística (Ibis), con ello la Fiscalía General de la Nación puede detectar las interconexiones, o correlaciones entre proyectiles y vainillas de hechos delictuosos ocurridos en diferentes circunstancias de modo, tiempo y lugar, en los cuales se hayan utilizado las mismas armas de fuego, con ello se estaría permitiendo la posibilidad de encontrar la verdad verdadera en los más de 11.000 procesos que adelanta la Fiscalía en contra de los miembros de las Farc, y que pasarían a la jurisdicción especial', dice el veedor, haciendo énfasis en que con ello el país tendría la oportunidad de conocer la verdad, y así poder saber que miembro de las Farc aplica para ser beneficiado de amnistía y cual no, y cuál puede ser parte de la Unidad Nacional de Protección.
Considera Norbey Moreno que con el registro de los nombres de los guerrilleros que entregaron de manera individual el arma de fuego que portaban, complementado con la recopilación de las pruebas mediante el Sistema Integrado de Identificación Balística (Ibis), y confrontado con la información y pruebas que tenga la Fiscalía recopiladas en los diferentes lugares y de los cuerpos de las víctimas de hechos delictuosos, se puede indilgar responsabilidades directas e individuales.
