La Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por $1.055 millones de pesos contra el exgobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, por el denominado cartel de los enfermos mentales, por el pago presuntamente irregular de recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, a varias IPS que hacían los reclamos con documen tación aparentemente falsa.
Guerra fue vinculado al proceso y, según lo ordenado por el organismo de control, deberá responder en versión libre ante la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República, en el departamento de Sucre.
El proceso, que se puso en conocimiento además de la Fiscalía, se inició 'por los pagos irregulares efectuados por la Gobernación, de 155 facturas a favor de diferentes IPS, en cuantía superior a los 1.055 millones de pesos', indicó el organismo revisor en un comunicado.
Las irregularidades habían sido detectadas por la Contraloría General de la República en una auditoría efectuada a la Gobernación de Sucre sobre la vigencia 2015, en la que se evidenciaron los pagos efectuados a favor de las IPS Clínica de Salud Mental y Rehabilitación Integral Manantiales S.A.S., Clínica Santa Isabel Ltda., Fundación Libertad y Fe, Fundación Nuevo Ser, Fundación Sembrando Esperanzas, y la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S.
Según el ente de control fiscal, 'el total de los pagos irregulares superó los 5 mil millones de pesos, basados en diagnósticos falsos en los que las IPS soportaron su facturación, órdenes de internación sin soporte, y múltiples irregularidades en las historias clínicas de los supuestos pacientes, que nunca existieron'.
Precisa el comunicado que en el caso de la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S., el médico psiquiatra que figura firmando las historias clínicas de los supuestos pacientes, Gustavo Zambrano San Juan, manifestó no haber firmado ninguno de los documentos usados por la IPS para soportar sus facturas y que nunca había prestado sus servicios a esa entidad, por lo que su nombre había sido usado ilegalmente.
'A pesar de la gravedad de las irregularidades e inconsistencias, los funcionarios de la Secretaría de Salud de Sucre continuaron avalando dichos cobros y expidiendo las resoluciones de pago que después fueron suscritas y pagadas por el mismo gobernador Julio César Guerra Tulena', se lee.
Encontró en su momento el organismo de control que no existían contratos entre la Gobernación de Sucre y las IPS, en los que se soportaran los millonarios pagos facturados: 'la Gobernación de Sucre efectuó los pagos sin que existiera un soporte contractual para llevar a cabo los mismos. Tampoco medió autorización del Ministerio de Salud para poder efectuar el pago a IPS privadas, ni existieron soportes que probaran la capacidad de las mismas para funcionar y prestar los supuestos servicios contratados'.
