De los 35 presuntos hallazgos fiscales que estableció la Contraloría en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) de varios departamentos por más de $951 millones, 29 se detectaron en Sucre por más de $573 millones y la mayoría en contratos de la estrategia ‘De Cero a Siempre’, convertida el año pasado en política de Estado para la primera infancia.
En un informe de auditoría de 437 páginas, fechado en junio pasado y conocido por EL HERALDO, se le pone de presente a la entonces directora de la entidad rectora de las políticas de infancia, Cristina Plazas, que durante 2016 la regional sucreña, que ejecutó $110.000 millones, se alzó con el ‘premio’ de la más cuestionada fiscalmente.
Entre los posibles detrimentos que determinó el ente de control en la auditoría, se encuentra uno en Antioquia por reembolso de incapacidades por $123 millones, dos en Boyacá y uno en Quindío por doble pago de $182 millones, dos en Huila por $42 millones por reintegro y devolución de recursos y $29 en Sucre por aparentes irregularidades con registros del Sisbén, usuarios del Simat y complementos nutricionales por $573 millones.
Actualmente, el director regional (e) del Icbf Sucre es Félix Armando Domínguez Urueta. Y el pasado 6 de octubre estalló un escándalo con respecto de esa regional: la emisora capitalina W Radio reveló una carta que envió el Departamento Jurídico de la Presidencia al Instituto, cuestionando el hecho de que Plazas en su momento no hubiese nombrado a Jacqueline Hernández Pallares como directora de Sucre. El documento reportado tiene fecha del 10 de julio de 2017 y está firmado por Danna Suárez Villalba, asesora jurídica de la Presidencia.
La orden del nombramiento, se lee, venía del gobernador de Sucre, Édgar Martínez, pero Plazas dijo que Hernández estaba inhabilitada porque tenía contratos con el Icbf por más de $200 millones.
En uno de los contratos revisados, de aporte 70-0361-2016, suscrito por $122 millones entre el Icbf Sucre y Asomudfavic, cuya representante legal es Tania Bohórquez, tenía como objeto: 'Atender a la primera infancia en el marco de la estrategia de cero a siempre específicamente a los niños niñas menores de cinco años de familias en situación de vulnerabilidad (…)'.
Aquí, según la Contraloría, se debía atender a 182 niños del municipio de Los Palmitos, pero 'se pudo detectar que existen un total de 18 beneficiarios (…) que no tenían derecho a beneficiarse del mismo por no cumplir con los criterios de focalización de la población objeto del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, toda vez que 17 de ellos corresponden a identificaciones que no se encuentran registradas en el Sisbén'.
Además, se halló que 21 beneficiarios se encuentran afiliados al Sisbén en municipios diferentes al lugar de ejecución del contrato, 'por lo que estos presuntamente no fueron beneficiarios del servicio', estableciéndose un posible hallazgo fiscal por $25 millones. También se encontraron irregularidades en otros contratos don detrimentos por diferentes montos que suman más de $573 millones.
