Tras las revelaciones de EL HERALDO de un presunto detrimento patrimonial establecido por la Contraloría por más de 573 millones de pesos en 29 contratos de 2016, dentro de la estrategia para primera infancia 'De Cero a Siempre' en el ICBF Sucre, las fundaciones aludidas dieron a este diario su versión de los hechos.
A través de un documento dirigido al periódico, respondió a los cuestionamientos Tania Bohórquez, representante legal de Asomudfavic, señalada por el ente de control fiscal de haber supuestamente incluido en la atención en el municipio de Los Palmitos a 18 niños que no se encontraban registrados en el Sisbén y a otros 21 que estaban afiliados al Sisbén pero en localidades diferentes, ocasionando un posible detrimento de 25 millones de pesos.
La representante asegura que desde mayo pasado dio respuesta y envió la 'subsanación' al ICBF Sucre frente a los 'requerimientos y a las observaciones solicitadas por esta entidad (...), en la cual se relacionó el listado de niñas y niños con soportes como registro civil, fotocopia de la cédula de los padres, copia del Sisbén y carta de los padres de familia y madres comunitarias certificando la prestación del servicio por parte de nuestra entidad'.
Explica además Bohórquez, para contestar lo de la afiliación al Sisbén en distintas localidades, que siete de los hogares comunitarios administrados 'se encuentran en zonas rurales dispersas, en especial en un lugar denominado 'La Frontera', donde convergen los municipios de Los Palmitos, Morroa y Corozal, (...) es por ello que las familias que son de Corozal expiden sus Sisbén y demás documentos en este municipio y de la misma manera para los dos municipios restantes'.
Y en relación con los niños que no aparecen en el Sisbén, asegura la responsable de Asomudfavic que 'estos corresponden a familias víctimas de la violencia que retornaron a sus lugares de origen y que manifestaron tener temor de perder los beneficios que les otorgaron los municipios receptores', y añade que 'a estos niños no se les pueden vulnerar sus derechos por no poseer Sisbén por cuanto ellos son víctimas del conflicto'.
De los 35 presuntos hallazgos fiscales que estableció la Contraloría en el ICBF de varios departamentos del país por más de 951 millones de pesos, 29 se detectaron en Sucre por más de 573 millones y la mayoría en contratos de la estrategia ‘De Cero a Siempre’, convertida el año pasado en política de Estado para la primera infancia.
Se trata de un informe de auditoría de 437 páginas, fechado en junio pasado y conocido por EL HERALDO, que revisó las cuentas de la regional sucreña en 2016. Actualmente, el director regional (e) del ICBF Sucre es Félix Armando Domínguez Urueta. Y en 2016 estuvieron encargados Fabiola Palencia, hasta junio, y luego Leonardo Pérez.
