Transcurridos 1.460 días de la desaparición y posterior muerte del médico internista Alfredo José Isaac Fernández, aún no ha habido justicia por estos hechos. Así lo resumen sus hijas y el abogado penalista Alfredo Sotomayor Támara, quien las representa en este proceso.
En los cuatro años de ausencia que cumple hoy Isaac Fernández, su familia no solo ha tenido que lidiar con el dolor por su trágica partida, sino también con lo que ellos consideran la lentitud de la justicia que hace más tormentosa la ausencia de quien fuera considerado el ‘médico de los pobres’.
Y es que en todos estos años el proceso penal que la justicia adelanta contra los presuntos asesinos, Ramiro García Aljure e Ilda Carrascal Paternina, podría decirse que ha estado dormido. Ha ido de juzgado en juzgado en los circuitos de Sincelejo, Corozal y Sincé sin que a la fecha exista una decisión de fondo, que por lo menos repare en algo el dolor de esta familia.
García Aljure, que para la época de los hechos, julio 22 del año 2014 fungía como concejal del municipio de Tolú, goza de libertad por vencimiento de términos, y su esposa Ilda Carrascal Paternina jurídicamente es prófuga de la justicia. A ambos los procesan por los delitos de secuestro y homicidio, pero con radicados diferentes en tanto que inicialmente, al momento de la aprehensión, se configuraba el secuestro del médico sincelejano, y fue el 26 de julio, cuando ambos comparecían ante los estrados judiciales, se supo del hallazgo del cadáver del médico en el Centro Recreacional Los Caracoles, de su propiedad y situado en el balneario de Tolú.
Jurídicamente y según lo expresado por el abogado Alfredo Sotomayor Támara, la investigación que adelanta una fiscalía de la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado de la ciudad de Bogotá, está en la etapa de acusación en el delito de secuestro y están a la espera de que fijen fecha para la audiencia preparatoria del juicio oral; pero respecto al delito de homicidio no han podido terminar la acusación porque el proceso estaba en un juzgado de Sincé y ahora lo regresaron al circuito de Corozal que tampoco no ha establecido fecha para continuar las diligencias.
El por qué este proceso ha ido de juzgado en juzgado en tres municipios del departamento de Sucre se debe a que la familia de los procesados, exactamente los hijos de Ramiro García Aljure, se han dado a la tarea de intimidar y hasta pelearse con los jueces que han debido declararse impedidos.
De estas intimidaciones de la familia del exconcejal de Tolú no han sido ajenos tampoco los periodistas que le siguen el rastro a este proceso.
Faltan más personas por procesar
El representante de la víctima se duele de que esta investigación solo se haya dirigido en contra de dos personas: Ramiro e Ilda, 'cuando de los elementos materiales probatorios se vislumbra que hubo otras personas entre las que secuestraron a Alfredo Isaac Fernández y quienes le dieron muerte'.
También es motivo de preocupación para el abogado de la familia Isaac que siempre solicitó el cambio de la radicación del juzgado y no de la Fiscalía 'porque es muy difícil que la Fiscalía coordine con sus investigadores estando la primera en Bogotá y los investigadores en Sincelejo'.
El testigo protegido
Otro de los inconvenientes que en criterio de las víctimas tiene este proceso, por la demora en las actuaciones judiciales, es el atinente al testigo protegido, que es un hermanastro de Ramiro García Aljure, y es un mortal y de un momento a otro puede desaparecer, 'morir por causa natural, repito morir por causa natural, y también ser víctima de un atentado y allí quedaría el proceso huérfano de prueba ya que es muy valiosa y contundente la declaración de este testigo que es protegido. La preocupación radica en que no se le dé el impulso necesario a esta investigación para que termine y no haya lugar a que personas que estuvieron decididamente comprometidas en este proceso y hoy se desconoce quiénes son, no respondan y el proceso quede en la impunidad', puntualizó el abogado Alfredo Sotomayor.
El llamado de la familia víctima
'Han pasado 4 años en los que ha reinado la dilación procesal y la lenta e inefectiva administración de justicia que han impedido el esclarecimiento de la verdad, la sanción de los culpables y la reparación a las víctimas', dice la familia del médico que hoy reclama justicia.
Sustentan que la dilación e inefectividad judicial para que los responsable del crimen del esposo y padre de familia se acredita con que de las 42 audiencias programadas, solo 6 han tenido como fin el esclarecimiento de los hechos y las restantes audiencias buscaron aplazar, retardar y evitar el debido desarrollo de los procesos. En 25 audiencias, anota la familia del médico asesinado, 'hubo aplazamiento por solicitudes dilatorias de la defensa de los implicados y por impedimentos de los Jueces a raíz de las constantes agresiones y amenazas de familiares del concejal García', y las restantes 11 audiencias buscaron la libertad por vencimiento de términos de García Aljure e Hilda Carrascal.
'Aquí no solo está en juego el dolor una familia, sino de una situación que le podría pasar a cualquier persona, que al estar en esta misma situación, también clamaría por la coherencia institucional de la administración de justicia al pronunciarse a través de decisiones judiciales prontas y justas como expresión real de paz y convivencia social. Hacemos un angustioso llamado a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a los juzgados y tribunales del departamento de Sucre para que hagan valer la majestad, sentido y finalidad de la justicia actuando con celeridad, diligencia y responsabilidad', dice la familia en un pronunciamiento ante este medio.
