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Un cartel de embargos del que hacen parte abogados litigantes y jueces del Circuito y que está operando en Sucre contra lo inembargable, en especial en el sector salud, fue denunciado ayer por el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez.

En su visita a Sincelejo el jefe del Ministerio Público, anunció que en las próximas horas presentará ante el Consejo Superior de la Judicatura en Bogotá la denuncia en contra de estos abogados y jueces, de los que aseguró están plenamente identificados, pero no reveló sus identidades.

Sin embargo, este medio conoció a través de una fuente de entero crédito de la Procuraduría, que el gerente del HUS en una denuncia ante el Ministerio Público también hizo mención de los profesionales del derecho que se han prestado para el cartel de los embargos que se ha quedado con 14 mil millones de pesos de ese ente asistencial donde sus empleados completaron ayer un mes de cese de actividades porque les deben 10, 12, 20 y 25 meses de salarios y no tienen seguridad social.

En su visita al Hospital Universitario de Sincelejo (HUS) el Procurador General hizo el mismo anuncio, el cual fue respaldado al unísono por los empleados, los mismos que lo recibieron con las arengas 'que nos paguen, que nos paguen'.

Carillo Flórez rechazó que estas denuncias en el Consejo Seccional de la Judicatura en Sucre no hubiesen prosperado a sabiendas de que es una situación de la que toda la ciudadanía habla y de la que existen pruebas.

'Esas maniobras son la causa de que los dineros que le entran a este hospital se van como a un barril sin fondo a pagar embargos que están en manos de gente inescrupulosa y fraudulenta y eso es inaceptable. Yo le estoy pidiendo al Consejo Superior de la Judicatura que investigue lo que pasa acá porque eso se sabe en el Consejo Seccional de la Judicatura y no pasa nada. Yo me encargo de que esos inescrupulosos que están jugando con los recursos de la salud y con el financiamiento del derecho que ustedes tienen al trabajo, lleguen a su fin con su actuar', anotó.

La Procuraduría Regional de Sucre desde hoy le ayudará a construir a los empleados del HUS un documento que contiene la propuesta que será entregada a los funcionarios de alto nivel que vendrán este lunes, martes y miércoles a abordar el tema de la salud y el HUS en Sincelejo.

El compromiso, les dijo el Procurador, es a no levantarse de la mesa sin haber una solución a sus problemas.

'Trabajen en un solo propósito, con un catálogo de soluciones y así nosotros les vamos a poder ayudar mucho. Sabemos que este es un problema de dinero, pero vamos a buscarle soluciones', dijo Carrillo, quien no dudó en decir que si es necesario poner a operar la función disciplinaria en este caso contra los funcionarios lo hará.

Mea culpa

El alto funcionario también cuestionó el trabajo que realiza la Comisión de Moralización en Sucre, de la que dijo no tiene muchos resultados que mostrar, por lo que los instó a trabajar más y allí reconoció un mea culpa por parte de las procuradurías que conforman este ente.

Igualmente reconoció que el trabajo de las procuradurías Provincial de Sincelejo y Regional de Sucre es muy poco y una muestra de ello son los pocos resultados que se existen para la cantidad de procesos que llevan, y de los que dijo son más de 800.

Ante esto el Procurador General de la Nación se comprometió a entregar, antes de que finalice esta vigencia, más resultados en las investigaciones disciplinarias.

Sanciones

A propósito de estas, ayer el Procurador General de la Nación anunció la sanción de destitución e inhabilidad por 12 años en contra del exgobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, quien estuvo en el período 2012-2015

Lo anterior porque modificó arbitrariamente y sin publicidad las condiciones de experiencias para participar en la adjudicación de un contrato que superó los 3.853 millones de pesos.

'El Ministerio Público ha comprobado que el 20 de marzo del año 2013 solo horas antes del cierre del proceso de selección abreviada 005-2013 el entonces gobernador de Sucre expidió la adenda 01 que tuvo como único propósito modificar la experiencia que debían certificar los proponentes e impuso la exigencia de un contrato en capacitación a población vulnerable por un valor mínimo de 27 millones 600 mil pesos. Esta es una violación flagrante a las reglas de juego de la contratación y por eso se procede a la sanción disciplinaria'.

Igualmente, fue citado a audiencia pública el alcalde de Chalán, Jáider Antonio Huertas Barreto, para que responda por la presunta defraudación de las arcas del Estado por valor de 80 millones de pesos.

'La Procuraduría Provincial de Sincelejo investiga a Huertas Barreto por el presunto giro de un cheque de la Alcaldía a favor de un tercero sin que al parecer existiera vínculo contractual con el ente territorial'.

Adicional a ello la Procuraduría anunció el juicio disciplinario contra el alcalde de Corozal, Andrés Vivero León, a quien también cita a audiencia pública para responder por las presuntas irregularidades en la terminación de un convenio con la empresa Ideas S.A. E.SP.

'Presuntamente Vivero ordenó pago por más de 2.500 millones de pesos a favor de la sociedad mixta mencionada después de la liquidación de un mutuo acuerdo de un convenio interadministrativo para la gestión del servicio de alumbrado público', dijo Carrillo.

Finalmente el Jefe del Ministerio Público informó que la denuncia por presunta participación en política en contra del alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinosa, en estos momentos se encuentra en la fase de indagación preliminar, y la otra por presunto sobrecosto en la adquisición de unas motocicletas para la Policía Nacional entregadas a finales de 2016 está en una Procuraduría Delegada en Bogotá.