Muchas voces, todas de rechazo, se han alzado en el departamento de Sucre en torno a la decisión del Gobierno nacional de desmontar el subsidio de energía para el estrato tres.
Ciudadanos del común y diputados coinciden en afirmar que se trata de una medida antipopular y ante esto llaman la atención de la clase parlamentaria de Sucre para que no avale desde el Congreso esta iniciativa lesiva para los colombianos de clase media.
La senadora sucreña por Cambio Radical, Ana María Castañeda, anunció que 'dará la pelea' para que no se termine afectando a los estratos bajos de la región, al tiempo que recordó haber advertido de esta situación que ahora lo confirma el artículo 179 del Plan Nacional de Desarrollo sobre el desmonte del subsidio de energía.
El representante Héctor Vergara Sierra sostuvo por su parte que fijará su posición en el debate.
El presidente de la Asociación de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos en Sucre, Franklin Donado Buelvas, instó a los congresistas del país a tener voluntad política y a 'desprenderse de la mermelada' para evitar que este artículo del Plan de Desarrollo sea aprobado.
'Hay una bancada costeña que debe tener presente que se cuenta con un servicio deficiente de energía que presta Electricaribe y que aún no se ha definido qué va a pasar con esa empresa, y en el caso específico de Sucre, solo 4 o 5 municipios tienen agua potable y ninguno la tiene 24 horas. Con este aumento anunciado es hora de que la ciudadanía se pare y le exija a sus congresistas que voten negativamente eso', dijo Donado.
En criterio de este defensor de los servicios públicos, el desmonte del subsidio no solo será en la energía sino también para el gas y la salud.
'Hay una política de este gobierno y que viene de épocas pasadas para disminuir o acabar con los subsidios de los pobres y aumentárselos a los ricos. Con este desmonte de los subsidios, el Gobierno se va a ahorrar 700 mil millones de pesos. Eso se verá reflejado mensualmente en 12.450 pesos de más en la factura, que al año suman más de 150 mil pesos', indica Franklin Donado.
El diputado Carlos Carrascal asegura que es una medida antipopular que atenta contra la clase media y en razón a ello lo más seguro es que no sea aprobada en el Congreso, tal y como le ocurrió a la llamada ley de financiamiento.
En el mismo sentido se pronunciaron sus colegas Karime Cote, Gabriel Espinosa y Jairo Barona. Este último precisó que se trata de una medida desesperada del Gobierno para tapar el hueco fiscal que tiene el Estado.
'Yo creo que son iniciativas que no van a encontrar eco en el Congreso de la República porque para quitar esos subsidios debería hacerse de forma gradual y no de un momento a otro'.
Cote finalizó con un mensaje alentador para la clase media del país indicando que no todas las iniciativas contempladas en el Plan de Desarrollo serán aprobadas por el Congreso, y menos aquellas que son lesivas para un grueso número de colombianos.
'Yo no comparto esa propuesta del Gobierno de querer empobrecer más a la gente', dijo el diputado Gabriel Espinosa.
