Faltando cinco meses para las elecciones territoriales, los miembros del Comité de Seguimiento Electoral analizaron este lunes los posibles riesgos que se pueden registrar en dichos comicios. Salieron a flote la trashumancia, la seguridad y los pueblos renuentes a ejercer el derecho al voto.
En este último aspecto se mencionó a los corregimientos de Boca Cerrada, en San Onofre, y Puerto Viejo, en Tolú. También se mencionó a La Redonda, en Sucre-Sucre, pero porque no hay un colegio óptimo para los puestos de votación lo que no cumple la ley bajo techo.
En los dos primeros hay inconformismos por parte de la comunidad, tal como lo confirmó el secretario de Gobierno de Sucre, Carlos Guerra Sierra. Esta situación será analizada en las próximas reuniones con acompañamiento de la Procuraduría.
Carlos Roca, delegado de la Registraduría en Sucre, enfatizó en que hay que hacerle un especial seguimiento a estas conductas porque eso evidencia el riesgo patente en asuntos electorales cuando la gente no se siente dispuesta a votar.
Es de anotar que en Boca Cerrada en marzo de 2018, para las elecciones legislativas, no permitieron instalar la urna y la tuvieron que trasladar a Labarcé, el pueblo más cercano. Sus habitantes aducen abandono del Estado.
Respecto al asunto de la trashumancia electoral, José Fredy Aguilera, coordinador de la Misión de la Observación Electoral (MOE) en Sucre, dijo que existe preocupación, esto teniendo en cuenta hechos pasados que todavía están en investigación.
Tal es el caso de los corregimientos de Don Alonso (en Corozal), y Chochó y Las Palmas (Sincelejo), en los que están investigando unos 100 casos de trashumancia en las pasadas elecciones.
