Mientras en el proceso penal que la Fiscalía Anticorrupción le adelanta a los implicados en el ‘Cartel de los enfermos mentales’ que desfalcó las arcas de la salud de Sucre en unos $5 mil millones, aún no se inicia el juicio por la ausencia de algunos abogados de los procesados, en la parte fiscal ya la Contraloría General de la República los halló responsables, por lo que tendrán que devolver $2.723 millones.
El primer responsable, por haber firmado y autorizado pagos por $2.398 millones a la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres por unas atenciones a pacientes que no se dieron y cuyos enfermos no existieron, es el exgobernador Julio César Guerra Tulena.
Otros cobijados. La medida cobija también a los exsecretarios de salud Nayibe Padilla y Efraín Suárez; Samir Serpa Álvarez, lídera auditoría de la Secretaría de Salud; Oswaldo Contreras, Samuel Palencia, Jorge Ramírez y Nadim Farak, auditores de la Secretaría, además de la profesional de esa entidad Ana Silveria Vergara.
El fallo, que está en apelación, cobija a la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres y a su propietario Ernesto Bladimir González, que en el proceso penal aceptó su responsabilidad por lo que fue condenado a 10 años, 4 meses y 9 días de prisión.
Esta IPS --que por demás solo tenía un millón de pesos como capital-- se prestó para emitir facturas de supuestas atenciones médicas, tratamientos y hospitalizaciones de enfermos mentales y personas con drogodependencia que tenían, entre otras cosas, historias clínicas iguales.
La Contraloría sanciona al exgobernador Guerra por la 'negligencia' que tuvo y la falta de cuidado en el manejo del erario. Él ordenó con recursos del Sistema General de Participaciones y de Regalías, los pagos a la IPS de los servicios prestados a la población pobre no asegurada.ión pobre no asegurada.
Ante esto dice la Contraloría que Guerra Tulena – que ahora presenta problemas en el habla asociados a trastorno mental, incurrió en conducta gravemente culposa y faltó a su deber de garantizar la administración y debida utilización de los recursos destinados a la salud.
El fraude. La Contraloría tuvo el testimonio del dueño de la IPS Ernesto Bladimir González Ospino, quien reconoció que pagó para que le habilitaran esta para la prestación de servicios de atención psiquiátrica y rehabilitación en farmacodependencia intrahospitalaria.
Para la Contraloría es claro que esa IPS era una clínica de garaje cuya finalidad, al ser creada, fue la de 'desfalcar los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a la financiación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable de Sucre'.
