Compartir:

José Miguel Beltrán Osorio, testigo clave de la Fiscalía tras la masacre de La Guaripa, en Sucre-Sucre, donde murieron tres hermanos que eran sus cuñados, acudió una vez más a la Fiscalía para exigir justicia.

Beltrán radicó este 16 de octubre en la Fiscalía una denuncia contra William Martínez Santamaría --propietario de una parte de las tierras en disputa por la que sobrevino la masacre-- y contra su sobrino Andrés Gómez Martínez, candidato a la Alcaldía de Sincelejo por los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, La U y el Conservador.

El denunciante solicita la 'protección necesaria para conservar nuestra vida e integridad, ya que somos víctimas por estos hechos narrados del asesinato de tres hermanos, a donde los autores materiales son trabajadores del señor William Martínez Santamaría'.

La denuncia la firma también María Dolores Escobar Tovar, hermana de los asesinados, quien asegura que, cada vez que 'denunciamos recibimos llamadas amenazantes impidiendo el derecho fundamental del acceso a la justicia'. Beltrán y Escobar responsabilizan al Estado por lo que les pueda suceder.

Ellos relatan los hechos ocurridos antes de la masacre que dan cuenta de las veces en las que William Martínez y su sobrino Andrés Gómez se presentaban a sus propiedades a intimidarlos.

Beltrán ratificó a este diario, vía telefónica, la denuncia instaurada por los delitos de amenaza, hurto y desplazamiento forzado, y agregó que 'este es un caso del que se va a seguir hablando, pero a nivel nacional porque ya hay unos congresistas enterados de esto y en las próximas horas nos vamos a reunir con el doctor Iván Cepeda, que defiende las víctimas'.

En la masacre de La Guaripa, ocurrida la mañana del 25 de enero de 2018, en predios de la finca La Concepción, murieron los hermanos Humberto Manuel Escobar Mercado, Prisciliano García Mercado y Manuel Eusebio Osorio Mercado.

La Fiscalía imputó a Neisser Manuel Contreras Montiel, Ever Manuel Álvarez Madrid y Róger Alfredo Contreras Naces, los delitos de homicidio simple y porte ilegal de armas. Los tres salieron de la cárcel La Vega hace cinco meses por vencimiento de términos.