Los magistrados de la Sala Dual, Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, de la Justicia Especial para la Paz (JEP), ordenaron, en las audiencias que concluyeron esta semana en Cartagena, abrir investigaciones penales y disciplinarias.
Estas son contra la Gobernación de Sucre, la Alcaldía de San Onofre y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta última no solo por no haber garantizado el cuidado de un bien como lo es la finca El Palmar, en San Onofre, donde se presume que hay personas enterradas y que son dadas por desaparecidas por sus familiares, sino porque desde 2010, es decir, después de tres años de haber asumido la posesión de este, la arrendó a un particular por 500 mil pesos mensuales. De allí que en una parte de las 556 hectáreas de este predio de la familia Rhenals se vean hoy unas reses como parte de actividades ganaderas.
Los magistrados Alejandro Ramelli, relator; Gustavo Salazar y Reinere de los Ángeles Jaramillo, presidente de esa sala, coincidieron, el 21 de noviembre, en que la Gobernación de Sucre, la Alcaldía de San Onofre y la SAE no han cumplido con su deber de proteger los cementerios y fincas donde presuntamente hay cuerpos de personas desaparecidas.
Les recordaron a los secretarios de Gobierno de Sucre y de San Onofre, que estuvieron en representación de dichas entidades, que los alcaldes y gobernadores están en la obligación de proteger las áreas geográficas donde se reconozca que hay cuerpos enterrados no identificados, y eso nunca se hizo en San Onofre.
Esto quedó evidenciado en la diligencia judicial con las respuestas entregadas por las autoridades cuando los magistrados les preguntaron qué habían hecho en el marco de sus obligaciones con los lugares y con las víctimas.
En el caso de San Onofre la JEP aseguró que la 'desidia' es evidente en situaciones como la de no tener registro o control del cementerio, deterioro de las bóvedas y la no identificación de estas, ingreso sin control al cementerio, acumulación de basuras y escombros y ausencia de vigilancia; mientras que en el cementerio de El Rincón del Mar la situación es más grave porque ni siquiera está legalizado.
Plan de búsqueda
Otra de las decisiones de esta sala y que fue confirmada en la audiencia pública por el magistrado auxiliar Hugo Escobar, es que a la Fiscalía la conminaron a diseñar un plan de búsqueda que debe ser entregado no solo a la JEP, sino también a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Dicho plan debe estar listo en tres meses y su entrega debe ser en una mesa técnica de trabajo.
Roumalda Paternina, presidenta de la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria, organización que agremia a las víctimas de desaparición forzada asentadas en Sucre, catalogó las decisiones de la JEP como alentadoras.
'Llevamos 15 años unidas en esta lucha y vemos cómo ahora nuestros esfuerzos empiezan a dar resultados. Confiamos en que la JEP hará el trabajo que las autoridades en Sucre y San Onofre nunca hicieron. Da tristeza que nunca tuvieron consideración con nuestro dolor', aseguró la líder, que junto a 20 mujeres más estuvo en las audiencias este 20 y 21 de noviembre en Cartagena.
Íngrid Vergara Chávez, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Sucre, destacó que la JEP hubiese escuchado el pedido que ellos, desde 2005, tuvieron para el Estado y que no fue escuchado, como la protección de los sitios donde se presume están enterradas personas dadas por desaparecidas.
'Para nosotros en el Movice esto que ha ocurrido con la JEP es la ruta de un nuevo camino que nosotros iniciamos en 2005, la ruta de la verdad y en contra de la desaparición forzada. Este sistema nos da nuevas oportunidades porque el anterior nos estaba revictimizando, entonces vemos que la lucha del Movice y las víctimas tiene nuevas luces', anotó la líder, que a su vez cuestionó el papel de la Fiscalía al ser 'muy lenta' en la identificación de los cadáveres que hace unos 10 años exhumó.
Tras estas audiencias esperan que los magistrados de la JEP decreten las medidas cautelares sobre el cementerio de San Onofre, el cementerio de El Rincón del Mar, las fincas El Palmar y La Alemania, además del cementerio del corregimiento de Libertad.
