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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Sucre elevó ayer un pedido a los mandatarios de este cuatrienio para que cumplan con los compromisos que la ley impone con relación a la población carcelaria.

Jhony Chadid, dragoneante del Inpec y miembro del sindicato, recordó que de los alcaldes del período anterior el único que hizo el convenio en el año 2017 fue el de Sincelejo por 170 millones de pesos, los demás, a pesar de los llamados del Inpec y de la Procuraduría Regional de Sucre, se hicieron los desentendidos.

'A estas nuevas administraciones queremos invitarlas a que se familiaricen con el sistema carcelario en Sucre como lo dice el artículo 19 del Código Penitenciario que es celebrar convenios interadministrativos para mitigar la crisis carcelaria que afronta Sucre', anota Chadid.

A corte del mediodía de este miércoles, a la Cárcel de Mediana Seguridad La Vega tenía 848 internos y su capacidad es de 512, lo que denota el continuo hacinamiento y con él las violaciones de los Derechos Humanos por el tema de habitabilidad. Esta sobrepoblación también representa más carga laboral para los guardianes, de allí que mientras la media nacional es un guardián por 7 reclusos en Sincelejo es uno por 21 internos.

'Le hacemos el llamado a los alcaldes y al señor gobernador para que realicen estos convenios, y a la Procuraduría para que les haga entender que esto está en la ley. Los alcaldes que socialicen con sus asesores estos convenios y esperamos que a mediados de este año algunos ya estén firmados'. Esos convenios son en bienes y servicios y además el 30% de estos es para cubrir un sobresueldo de los guardianes del Inpec por la sobrecarga laboral.

Los internos sindicados son del resorte de atención de las administraciones departamentales y municipales, y cada uno de ellos le vale al Inpec $ 1.560.000.

'Si es una obligación de los mandatarios atender a la población carcelaria', puntualizó el representante del sindicato del Inpec en Sucre, quien indicó que en estos momentos cuentan con combustible y vehículos y no con suficiente personal, solo hay 69, para atender a todos los reclusos y por eso no les es posible trasladarlos a las diligencias judiciales.